Los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, ha registrado una enmienda conjunta al Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela para relajar las responsabilidades exigidas a las comercializadoras de energía que no gestionan el suministro (distribuidoras).
La iniciativa establece que las empresas deberán disponer de un servicio mínimo de atención a la clientela gratuito, eficaz y universalmente accesible que, entre otras cosas, atienda quejas, reclamaciones y/o cualquier consulta.
Sin embargo, PSOE y Sumar plantean que en aquellos sectores en los que exista la obligación de separación de actividades, cuando la empresa que recibe una queja, reclamación o incidencia no sea la única responsable de su gestión, se apliquen responsabilidades diferenciadas que se establezcan en las normativas sectoriales.
Ambos partidos consideran que no se debe poner al mismo nivel de responsabilidad el suministro y la distribución de energía ya que las comercializadoras, de conformidad con las definiciones de la Ley del Sector Eléctrico, tienen poca o nula responsabilidad en la distribución de energía.
De hecho, la propia normativa sectorial impone, por ejemplo, que las facturas emitidas por la comercializadora deben indicar los teléfonos de atención de las empresas distribuidoras dado que, si el problema del corte del suministro es responsabilidad de otro actor podrían no tener la información necesaria para ayudar con garantías al cliente.
Al estar la comercializadora desvinculada de la propia actividad, no siempre podrá cumplir en plazo con la obligación de ofrecer información.
La enmienda, por tanto, pretende armonizar la norma por medio de un posterior desarrollo reglamentario, separando las obligaciones de las distribuidoras (como responsable del suministro) de las obligaciones propias de las comercializadoras.