A la espera de que el acuerdo alcanzado en las instituciones europeas se plasme en una normativa concreta para la reforma del mercado eléctrico, España ya se mueve para anticipar la transformación de su sistema energético.
Una de estos cambios será el futuro mecanismo de capacidad. Una retribución específica, al margen de los precios de mercado, para garantizar la disponibilidad de aquellas instalaciones que faciliten el respaldo a la red de electricidad y aseguren el suministro en momentos en los que las energías renovables, intermitentes por sus propias características, no dan respuesta suficiente a la demanda.
Este servicio puede ser prestado por instalaciones de almacenamiento, como baterías o bombeos hidráulicos, que aprovechan excedentes de energía para después revertirla en momentos de necesidad. También centrales de gas. Tecnologías de respaldo para ejercer un papel que históricamente han ejercido las centrales térmicas.
Para agilizar su futura activación, una vez su regulación y diseño esté preparada, el PSOE ha registrado en el Congreso una enmienda al proyecto de ley con origen en el decreto-ley 8/2023, el conocido como decreto anticrisis, con la respuesta económica a la crisis de precios.
A través de esta enmienda, la formación mayoritaria de Gobierno plantea introducir en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico una disposición que habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica a establecer estos mecanismos mediante orden ministerial.
En caso de salir adelante la enmienda, esto permitiría a Teresa Ribera aprobar la puesta en marcha del mismo sin necesidad de pasar por Consejo de Ministros. Únicamente tendría que contar con el visto bueno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, órgano presidido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Además, se asigna a la Dirección General de Política Energética y Minas la tarea de establecer el valor de carga perdida, parámetro necesario para cuantificar el nivel de seguridad de suministro. Se entiende como valor de carga perdida la estimación del precio máximo de electricidad que los clientes están dispuestos a pagar para evitar una interrupción.
Cambios con la reforma del mercado
Este mecanismo aún no está aprobado en España, ya que no cuenta aún con el visto bueno de la Comisión Europea. Bruselas analiza desde hace meses la propuesta española y su adecuación a la normativa de mercado interior de electricidad y a las limitaciones para las ayudas de Estado. Un marco muy restrictivo, ya que hasta ahora únicamente se han aceptado estas soluciones de forma temporal y en condiciones de excepcionalidad.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, informó de ello al Congreso el pasado 23 de enero durante su comparecencia para presentar las líneas generales de su política al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. Entonces expresó su disconformidad por no haber podido llegar más lejos en esta materia por la resistencia y recelos de sus colegas, frente a la ambiciosa posición española.
En todo caso, el papel de estos mecanismos en el futuro mercado eléctrico será distinto, ya que el acuerdo alcanzado en las instituciones europeas habilita esta figura como un recurso estructural, facilitando su puesta en marcha.
Con su propuesta, reconocen en el Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno se prepara para tener listo este mecanismo en cuanto tenga el visto bueno de Bruselas, o el acuerdo para la reforma del mercado se convierta en norma. Y así poder aplicarlo entonces, o introducir los cambios que sean necesarios.