Pocas comisiones pueden presumir de un balance legislativo como el de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: once leyes aprobadas. Si bien es cierto que en ella se tramitan los proyectos de dos ministerios –Trabajo y Economía Social por un lado, e Inclusión Seguridad Social y Migraciones por otro– entre las leyes aprobadas figuran la reforma de pensiones, la llamada Ley Rider, una ley para regular el teletrabajo o el ingreso mínimo vital (IMV).
Y, sin embargo, cualquier diputado al que se le pregunte por la ley o momento legislativo clave coincide al señalar una reforma que, realmente, no llegó a pasar por la Comisión. “Posiblemente, el más sensible por las repercusiones políticas y juegos de alianzas en el Congreso fue la aprobación de la conocida como reforma laboral”, apunta Juan José Aizcorbe, portavoz de Vox.
“Sin duda la reforma laboral. Por efectiva en cuanto al avance en la desprecarización del mercado, por el impulso histórico a favor de la estabilidad y por la recuperación de la negociación colectiva”, justifica la portavoz de Unidas Podemos, Aina Vidal.
María Muñoz, de Cs, sitúa la reforma laboral acordada por Yolanda Díaz como uno de los avances más positivos de la legislatura, aun recordando que “técnicamente ni llegó a pasar por la Comisión”, mientras que Jordi Salvador (ERC) se centra en sus implicaciones políticas: “Rompieron (en el Gobierno) los puentes y la confianza. Prefirieron no cumplir con su electorado, con nosotros y someterse a la CEOE y al sistema financiero europeo”.
Aprobada como decreto ley y convalidada por la mínima (y gracias a un error del diputado ‘popular’ Alberto Casero), la reforma no se tramitó como proyecto de ley para evitar cualquier cambio y salvaguardar el acuerdo alcanzado con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.
LEYES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Derogación del despido objetivo por faltas de asistencia (DL 4/2020) - 17/6/2020 Ley del permiso retribuido recuperable (DL 10/2020) - 24/2/2021 Ley de medidas complementarias por la pandemia (DL 9/2020) - 24/2/2021 Ley de trabajo a distancia (DL 28/2020) - 25/5/2021 Ley Rider (DL 9/2021) - 21/7/2021 Ley del ingreso mínimo vital (DL 20/2020) - 19/11/2021 Ley de garantía adquisitiva de las pensiones (reforma I) - 22/11/2021 Ley de planes de pensiones de empleo - 2/6/2022 Fondo de compensación para víctimas del amianto - 13/7/2022 Reconocimiento del servicio social de la mujer para la jubilación parcial - 26/9/2022 Ley de Empleo - 12/12/2022
El papel del diálogo social
El diálogo social es otro de los protagonistas en la legislatura. De mano de la negociación con sindicatos y patronal nacieron, además, la Ley Rider, la regulación del teletrabajo, el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos o la primera parte de la reforma de pensiones.
También todo el esquema de protección al empleo para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, como los ERTE, la prestación extraordinaria por cese de actividad o la limitación del despido objetivo.
“Son normas que han incidido no sólo en la transformación del mercado de trabajo sino en una nueva cultura de las relaciones laborales, más justa y más democrática”, celebra Vidal (UP), destacando que “han reducido como nunca la temporalidad, la brecha de género, y mejorado la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de la propia garantía del sistema”.
“A golpe de ‘decretazo’”
En la oposición, sin embargo, critican la forma de aprobar toda esta normativa. “Son casi todos a golpe de ‘decretazo’. La Comisión poco o nada ha podido aportar”, se queja Muñoz (Cs), mientras que Aizcorbe (Vox) esgrime que la Constitución reconoce la figura del decreto ley como “excepcional”, y que su uso “cercena el debate legislativo y la tramitación parlamentaria en las comisiones”.
“La tramitación posterior como proyecto de ley, concluye en ocasiones en modificaciones inermes o intrascendentes. En definitiva, un debate estéril en las ponencias legislativas que se someten con nulo debate al rodillo de las mayorías”, lamenta.
Más de la mitad de las once leyes aprobadas, seis, fueron consecuencia de un decreto ley tramitado como proyecto tras su convalidación. Es el caso, por ejemplo, de la Ley Rider, la regulación del teletrabajo o la del permiso retribuido recuperable durante la pandemia. También la derogación del despido objetivo por faltas de asistencia por razones médicas, aunque esta norma no llegó siquiera a la Comisión, al decidirse su tramitación directa y en lectura única. Sólo fue examinada por el Pleno.
También llegaron por decreto ley la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reconocer derechos laborales a las trabajadoras del hogar, el nuevo sistema de cotización para los autónomos en función de sus ingresos, la mejora de la protección social al colectivo de artistas o la última reforma de pensiones. Se tramitaron como proyecto de ley pero ninguno acabó su tramitación.
Sólo tres de las leyes aprobadas fueron enviadas al Congreso como proyecto de ley para el trabajo de los grupos parlamentarios: la primera de las reformas de pensiones, la que reguló incentivos para el impulso de los planes de pensiones en las empresas y la Ley de Empleo, normativa marco para regular las políticas activas de empleo.
De las once leyes, dos fueron proposiciones de ley. Una impulsada por el PSOE para reconocer el servicio social franquista de la mujer para el acceso a la jubilación parcial. Fue aprobada sin tan siquiera tener que contar los votos. Por asentimiento. La Comisión también aprobó una proposición de ley impulsada por el Parlamento del País Vasco, dirigida a crear un fondo de compensación a trabajadores afectados por el amianto.
Pacto de Toledo y la reforma del sistema de pensiones
La reforma del sistema público de pensiones ha ocupado buena parte de los esfuerzos en la Comisión. Y es que en esta legislatura la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo renovó las recomendaciones que había estado a punto de cerrar en 2019. Lo hizo en noviembre de 2020, tras recoger buena parte del trabajo logrado entonces.
A partir de ahí, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá ha aprobado una reforma del sistema en tres tiempos. En vísperas del verano de 2021, acordó con la CEOE, CCOO y UGT la recuperación del IPC para revalorizar las pensiones, el traslado de gastos impropios de la Seguridad Social a la Administración General del Estado y una serie de incentivos y penalizaciones para retrasar la edad efectiva de jubilación.
A finales de año la reforma fue aprobada por la Comisión, pero con un cambio, el llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que elevaba en 0,6 puntos las cotizaciones sociales para mejorar los ingresos del sistema. La medida fue introducida como enmienda de PSOE y Unidas Podemos, un método que no convenció a la oposición. “Fue un abuso total del proceso parlamentario y sin escrutinio alguno”, censura Muñoz (Cs).
En junio de 2022, la Comisión aprobó la Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, con el fin de incentivar estos planes en las empresas, y en marzo de 2023, cuando la proximidad de las elecciones dificultaba cada vez más el acuerdo, Escrivá cuadró sus equilibrios para pactar con Bruselas, los sindicatos, su socio de Gobierno y sus aliados parlamentarios, la última parte de la reforma de pensiones. No así con la patronal, contraria a la subida de cotizaciones.
El resultado: un destope de las bases máximas de cotización (y consecuente aumento de las pensiones máximas, aunque a un ritmo diez veces menor), un recargo de solidaridad progresivo sobre los sueldos más altos y un aumento progresivo de hasta cuatro años del período de cotización para calcular la cuantía de la pensión (de 25 a 29 años), aunque a cambio de poder descartar los dos peores años.
¿Y qué queda sin aprobar?
Entre los proyectos que se quedan en el tintero, la promesa de Yolanda Díaz de modernizar el Estatuto de los Trabajadores y completar su reforma laboral o la reforma de la normativa sobre cooperativas para fomentar este tipo de empresas, así como los mecanismos de participación de los trabajadores en las empresas.
“Democracia en las empresas. Ensanchar de una vez nuestra democracia y que las trabajadoras y trabajadores puedan participar en la toma de decisiones”, explica Aina Vidal (UP), que espera que la próxima legislatura pueda alumbrar la reducción de la jornada laboral a cuatro días sin perder salario.
María Muñoz (Cs) espera, sin embargo, que la Comisión de la próxima legislatura “sea de una vez sincera con el problema de sostenibilidad de las pensiones y acabe con su autoengaño” –”La reforma tendría que haber puesto a los jóvenes en el centro, en lugar de poner sobre ellos toda la carga”, lamenta–. Espera también medidas para aumentar la productividad del mercado laboral y la conciliación, mientras que Aizcorbe (Vox) confía en medidas de ayuda a autónomos y empresas, con rebajas de trámites administrativos y de cotizaciones sociales.
Además de su reforma laboral para derogar las de 2010 y 2012, Jordi Salvador (ERC) también se acuerda de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el Congreso no llegó a debatir para la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes: “Además son necesarios, mejor dicho, imprescindibles para nuestra economía y para financiar un modelo social mínimamente socialdemócrata. ¡No es una revolución!”.
También se quedan sin completar tramitación cinco proposiciones de ley: una del PP para ampliar a 26 semanas los permisos de maternidad y paternidad en familias monoparentales, otra de Unidas Podemos para acabar con el requisito de peonadas en el subsidio agrario, otra de Teruel Existe para reconocer ayudas e incentivos a negocios en pueblos afectados por la despoblación y otras dos propuestas del Senado para mejorar la protección social en caso de enfermedad grave.
El Grupo Parlamentario Socialista decidió no colaborar en la elaboración de esta información