Las esperadas ayudas a las empresas de mercancías para compensar afecciones de tráfico, que el sector no descartaba ver antes de acabar 2024, corren el riesgo de retrasarse aún más. Pese a tramitarse durante el año pasado como orden ministerial y salir a audiencia pública en abril, las ayudas aún no han sido publicadas y ahora el Ministerio de Transportes ha decidido vincularlas a la futura Ley de Movilidad Sostenible.
Entre sus enmiendas registradas al proyecto, el Grupo Socialista ha incluido una para incorporar una nueva disposición adicional con un régimen transitorio de aportaciones derivadas de afecciones al tráfico ferroviario hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.
Este sistema de ayudas por perturbaciones extraordinarias de tráfico, conocido en el sector como SAPET, busca compensar a los operadores por desviaciones o incluso suspensiones de los servicios ferroviarios que sean consecuencia de los trabajos realizados en la red. También por reducciones obligadas de la carga neta transportada.
La línea de ayudas prevé compensaciones por todo desvío que suponga una alteración del itinerario que eleve un 10% la distancia recorrida respecto al recorrido inicial –o 25 km en trayectos que no alcancen los 250 km—, o una reducción de la carga transportada igual o superior al 10% de la carga original.
Mantenimiento de la actividad
Las ayudas, en todo caso, están condicionados a que los servicios se realicen a pesar de las restricciones temporales y a que las empresas se comprometan a mantener durante los dos años siguientes el volumen de tráfico medio alcanzado en los tres años anteriores o los volúmenes de tráfico considerados para la prestación de la ayuda, con un margen del 25%.
La cuantía de las aportaciones, que se prevén a cargo de los presupuestos de Adif, se fijan en el valor mínimo entre los costes adicionales de transporte que supongan la afección y el límite máximo, según la metodología que apruebe el gestor de la infraestructura ferroviaria.
Transportes preparaba una orden ministerial
Estas ayudas están contempladas en el Plan Mercancías 30, como compensación a los operadores por el impacto de los trabajos acometidos en la Red Ferroviaria de Interés General, dirigidos precisamente a potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril.
De hecho, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya había iniciado los trámites para aprobar la línea de ayudas, a través de una orden ministerial cuyo borrador sacó a audiencia pública en abril del año pasado.
Este borrador, de hecho, proyectaba parámetros similares de cara a la concesión de estas compensaciones, como la distancia de los desvíos o la reducción de la carga que implicaban las afecciones.
Visto bueno de la CNMC
La propuesta contó con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por reducir las externalidades negativas asociadas al transporte de mercancías por carretera (mayor contaminación, congestión de carreteras o siniestralidad).
El supervisor, en todo caso, echó en falta una justificación de los cálculos para la obtención de los coeficientes aplicados –el cálculo de las ayudas no era explicado—y una estimación presupuestaria de las convocatorias previstas.
El escollo más importante, en todo caso, es la legislación europea de ayudas de Estado. Fuentes del sector señalan que un primer borrador fue rechazado por Bruselas. De hecho, la enmienda registrada por el Grupo Socialista supedita la concesión de estas ayudas a su aprobación por parte de la Comisión Europea, que debe de dar visto bueno a toda ayuda directa por las restricciones de la normativa comunitaria a las ayudas de Estado.
En su justificación, no obstante, el PSOE asegura que estas aportaciones son compatibles con el Derecho de la Unión Europea en los términos previstos con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La legislación comunitaria impide aquellas ayudas que pueden alterar la competencia y afectar los intercambios comerciales en el mercado interior europeo.
El concepto de empresa es amplio, cualquier entidad, independientemente de su naturaleza jurídica, que oferte bienes o servicios en el mercado en competencia con otros operadores. Se pueden conceder en determinadas condiciones, al amparo de Directrices y Reglamentos de Exención, y cumpliendo los trámites previstos de notificación previa o comunicación a posteriori a la Comisión Europea.
Las ayudas darían respuesta a una reivindicación del sector de mercancías en un momento de especial afectación al tráfico por los trabajos realizados en la red. Desde la patronal FAPROVE defienden las compensaciones como forma de fidelizar a los operadores que eligen el ferrocarril y también para evitar que un aumento de los costes pueda reducir una cuota ya exigua (en torno al 4%).
Esta patronal, que engloba a empresas especializadas en el transporte de mercancías por ferrocarril, advierte del riesgo de que los esfuerzos por adecuar las infraestructuras queden en nada si, durante este período de transición, el ferrocarril pierde terreno, más aún, respecto a la carretera.