El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, explicó este martes en el Pleno que la voluntad del Ejecutivo asturiano es convertir el Plan contra la Siniestralidad Laboral elaborado en 2024, que nació como plan de choque en 2024, en una política estable y de carácter estructural desde este mismo año, integrándolo en la planificación bienal que elabora el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales.
“Yo lo que le quiero trasladar es que desde el Gobierno de Asturias, desde la consejería que me toca dirigir, el compromiso con la prevención de riesgos laborales es inequívocos y vamos a seguir trabajando en esta misma línea, tanto con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, con los agentes sociales y con la patronal”, señaló Borja Sánchez al responder a la interpelación de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.
En su intervención, Sánchez detalló que el Programa Presupuestario de Trabajo y Relaciones Laborales cuenta con 174 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,78% respecto a 2025. Dentro de ese montante, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales dispone de casi 4,5 millones de euros en transferencias corrientes y, si se añaden las inversiones de capital, el presupuesto global se sitúa en torno a los 5,7 millones de euros.
“Pues este aumento de fondos tiene un objetivo claro, es transformar ese plan de respuesta contundente que nació como plan de choque en 2024, para incorporarlo como una política estructural y permanente a partir de este año, dijo el consejero.
Medidas operativas y refuerzo del instituto
El consejero detalló también algunas de las actuaciones que se están desarrollando de forma cotidiana, como las visitas a empresas inmersas en investigaciones por accidentes graves o mortales; el estudio de los siniestros requeridos por los juzgados que no hayan utilizado el sistema Delta o la puesta en marcha de un plan de visitas conjuntas con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social a aquellas compañías cuya tasa de incidencia supere en más de un 20% la de su sector.
Además, se revisarán las medidas aplicadas en las 96 empresas que recibieron cartas de advertencia por su gestión preventiva. En el ámbito de personal, se ha incrementado en once el número de efectivos del IAPRL mediante la cobertura de plazas vacantes y la creación de nuevos puestos.
“Cifras verdaderamente preocupantes” en Asturias
Ha recordado la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé que en 2025 Asturias registró 12.242 accidentes de trabajo con baja, 12.126 leves y 94 graves. Fueron mortales 22, 20 en jornada de trabajo y 2 en itinere, la cifra de fallecimientos más alta desde 2018. En lo que va de 2026, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se notificaron en total, 1.603 accidentes, tres mortales.
“Hablamos de unas cifras verdaderamente preocupantes ya en los dos primeros meses del año en curso”, dijo Tomé, quien señaló que, aunque cada siniestro responde a circunstancias distintas, se aprecia un denominador común: la ausencia de una prevención eficaz y la falta de controles suficientes.
Así ha insistido en que la siniestralidad laboral en Asturias no es un fenómeno inevitable y en buena parte esta relacionada con la falta de supervisión y de recursos. Ha añadido Tomé que la clave en esto, como en tantas otras cosas, es la prevención y la prevención falla tanto en grandes como en pequeñas empresas, en todos los sectores, y también en las cadenas de subcontratación donde la responsabilidad a efectos prácticos se diluye.
Por ello, Tomé reclamó al consejero que dé cuenta de los resultados del Plan Estructural contra la Siniestralidad Laboral y que aclare si dicho plan está siendo efectivo y qué avances concretos aporta, dado que “visto lo visto en 2025 parece que no está teniendo muy buenos resultados”.
Además ha reclamado más recursos humanos y técnicos para la inspección, condicionar las ayudas públicas al cumplimiento de la normativa preventiva, reconocimiento y fortalecimiento del papel de los delegados y delegadas de prevención, formación obligatoria y continua en prevención y, abundando, además, en los riesgos psicosociales, un modelo de salud laboral que actúe sobre las causas y no penalice las bajas, entre otras medidas como el endurecimiento en sanciones.