QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno decidió congelar toda o casi toda iniciativa legislativa en el Congreso por el ciclo de elecciones durante la primavera. La Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario no fue una excepción. Los grupos registraron sus enmiendas en marzo pero estas permanecen en un cajón a la espera de que en septiembre, a la vuelta del parón vacacional de agosto.
Entre las propuestas recibidas por los grupos están las de Too Good To Go, empresa y plataforma digital que permite a cualquier comercio dar salida a excedentes alimentarios que, estando aún en condiciones, corren el riesgo de acabar como desperdicio.
La app cuenta con 8 millones de usuarios registrados en España y más de 20.000 establecimientos asociados. Las cifras a nivel global alcanza los 95 millones de usuarios y 160.000 establecimientos.
Victoria Albiñana, responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Too Good To Go en España y Portugal, defiende el interés en la vocación de la empresa de luchar contra el desperdicio e integrar este objetivo en toda política pública.
«No sabemos cómo será el plan de prevención del desperdicio que tengan que implementar las empresas, pero es muy probable que una solución como Too Good To Goo les ayudde a prevenir», explica en una conversación con Demócrata para conocer la opinión de esta empresa sobre el proyecto y los posibles cambios durante la tramitación parlamentaria.
P: ¿Qué valoración hace Too Good to Go del proyecto de ley y qué espera de esta norma?
R: Creemos que el mero hecho de que se esté tramitando una Ley de desperdicio alimentario a nivel nacional que prevé medidas en todos los eslabones de la cadena de valor ya es muy positivo. Una ley a nivel nacional es algo que ya tienen países como Francia o Italia, y la experiencia en esos países ha probado y demostrado que la acción contra el desperdicio alimentario es más eficaz.
“El sector privado tiene que hacer un ejercicio de transparencia y comunicar el desperdicio que genera en cada fase”
Y no es sólo el contenido, sino que la lucha contra el desperdicio esté sobre la mesa. En diciembre lanzamos un estudio que mostraba que las empresas, a pesar de no contar aún con una ley en vigor, ya estaban adoptando medidas de buenas prácticas que prevé la ley voluntariamente. Incluso algunas ya se estaban adelantando en algunos sectores para aprobar un plan de prevención de pérdidas y desperdicio, que es una de las obligaciones de la ley.
P: ¿Existe margen de mejora durante la tramitación parlamentaria? ¿Qué medidas veis posible introducir para mejorarla?
R: Hemos presentado enmiendas a los grupos parlamentarios, unas más específicas, otras menos, pero nuestras grandes demandas son cuatro: medición de desperdicio, objetivos de reducción de desperdicio, prevención en la jerarquía de prioridades y definición de desperdicio.
MEDICIÓN DEL DESPERDICIO
P: Empecemos por la medición…
R: La ley, en su versión actual, dice que se cuantificará el desperdicio alimentario producido por el consumidor. Pero si realmente queremos luchar contra el desperdicio alimentario y reducirlo de forma significativa en toda la cadena es necesario que esa cuantificación se extienda y no se quede en la fase de consumidor.
La cuantificación tiene que preverse en toda la cadena de valor, de la granja a la mesa, y no se puede llevar a cabo de forma unilateral por la Administración. El sector privado tiene que colaborar y hacer un ejercicio de transparencia y comunicar el desperdicio alimentario que genera en cada fase. Es algo que vemos fundamental y donde la ley tiene aún margen de mejora a la hora de concretar.
OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO
Y si tienes un sistema de cuantificación, también tienes que tener una referencia con respecto a qué cuantificar. En Europa ahora se está reformando la directiva marco de residuos para fijar objetivos de reducción de desperdicio alimentario obligatorios. Esta ley no puede ignorar este extremo y tiene que hablar también de objetivos de reducción de desperdicio alimentario.
“Apoyamos cualquier medida que haga el desperdicio alimentario más caro que su redistribución. Y eso pueden ser incentivos o certificados de la Administración”
Creemos que tienen que ser coherentes con los de Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que nos comprometimos como país (reducción a la mitad la pérdida y el desperdicio en 2030, objetivo 12.3). Todo esto nos permitirá medir el progreso de cómo vamos a lo largo de los años en la reducción del desperdicio porque, si no, no vamos a saber el efecto que generan las medidas ni dónde es necesario aumentar esfuerzos, en qué eslabón o en qué sector de cada eslabón.
P: Porque ahora mismo sí que existen unos objetivos dentro de la Ley de Residuos respecto al desperdicio alimentario.
R: Exacto, y hacen referencia al Objetivo 12.3. Pero esta ley debe ser más explícita y especificar en cada eslabón cuánto se tiene que reducir. Ahora (en la ley) hay una mención genérica de que todos tenemos que contribuir al cumplimiento de esos objetivos. Creemos que tiene que reflejar esos objetivos específicos por eslabón y tiene que complementarse con la cuantificación y medición respecto a los objetivos fijados.
De la experiencia que tenemos, incluso a nivel autonómico, a veces ayuda tener una estrategia que haga más específica la forma en la que se van a cuantificar o se fijen esos objetivos. Entendemos que se precise de un desarrollo reglamentario posterior, pero la ley no puede ponerse de perfil. Tiene que haber objetivos específicos por eslabón que todos tenemos que cumplir, tanto el sector privado como instituciones públicas.
JERARQUÍA DE PRIORIDADES Y PREVENCIÓN
P: Ha hablado también de la prevención en la jerarquía de prioridades.
R: La ley habla de una jerarquía de prioridades a aplicar por el operador cuando existen excedentes alimentarios y la primera de ellas es la redistribución y la donación. Se tiene que priorizar el consumo humano, pero antes tiene que haber un paso previo, que es la prevención. Creemos que hay que redoblar los esfuerzos en ello, porque el mejor residuo es el que no se genera.
“Sin objetivos no podemos saber dónde aumentar esfuerzos. La ley tiene que ser más explícita y especificar en cada eslabón cuánto se tiene que reducir”
Eso sería coherente con la jerarquía que se establece a nivel europeo. La propuesta de la Comisión es que la prevención está primero y creemos que se tiene seguir. Después, si no se ha podido prevenir ese excedente alimentario, ya se puede redistribuir, donar y así sucesivamente hasta el final de la jerarquía. Pero la prevención no se puede ignorar.
DEFINICIÓN DE DESPERDICIO
Después, también para ser coherentes en Europa, hay que seguir también la definición a nivel europeo prevista por EU Fusions. Lo que vemos es que hay una regulación en Cataluña que tiene una definición de desperdicio alimentario, otra en Castilla-La Mancha bastante similar y en el proyecto de ley se usa otra totalmente distinta. El primer paso es tener una definición de desperdicio alimentario coherente.
INCENTIVOS EN LA LEY
P: El proyecto no prevé ningún incentivo pero sí hay varias propuestas en las enmiendas de los grupos. ¿Ha trasladado alguna propuesta sobre incentivos fiscales o un fondo específico para empresas que potenciar la donación o medidas contra el desperdicio?
R: Nosotros apoyamos cualquier medida que haga el desperdicio alimentario más caro que su redistribución. Y con caro me refiero en términos muy amplios. Pueden ser incentivos fiscales, pero también otras formas de incentivos, como certificados de las medidas contra el desperdicio, como en Castilla-La Mancha. Los reconocimientos por parte de las administraciones públicas también son una especie de incentivo.
Siempre vamos a apoyar medidas que incentiven la acción contra el desperdicio alimentario. Hemos visto propuestas de algunos grupos de aumentar la reducción fiscal a la donación en el Impuesto sobre Sociedades, pero tan al detalle no hemos entrado.
Sí creemos que los incentivos pueden ser una buena forma de fomentar las buenas prácticas que prevé la ley. Una cosa es que tengan obligaciones, pero si hay medidas de buenas prácticas que pueden adoptar voluntariamente, veríamos positivo que se especifique que, para fomentar esas buenas prácticas, se puedan aplicar medidas de incentivo, sean fiscales o de otro tipo para que las empresas se animen a aplicar esa parte.
Con respecto a esto, otra forma también igual de incentivar podría ser el incorporar el criterio de desperdicio alimentario en los pliegos de contratación pública.
P: Es otra de las medidas que se llegó a aprobar como enmienda en la pasada legislatura.
R: Eso es, y ahora vuelve a haber propuestas en las enmiendas en ese sentido.
P: Otra de las medidas o incentivos de los que se hablaba y que giró en torno a ello la ley fue el IVA a 0% para todas las donaciones, también para la compra de alimentos por las entidades sociales con dinero donado. ¿La habéis trasladado de forma concreta a los grupos?
R: En esta enmienda no hemos participado activamente, porque no hemos entrado en propuestas fiscales específicas. Sí que es verdad que la Ley de residuos aprobada ya prevé ese 0%, pero entiendo que lo que veo detrás es que esa propuesta de hacerlo más específica lo que busca es una aplicación más general para las organizaciones sociales.
OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES
P: En el tema de las buenas prácticas, ¿creéis que las recomendaciones deberían dejar de ser recomendaciones y pasar a ser obligaciones?
R: Creemos que combinar obligaciones con buenas prácticas es algo positivo, y que la parte de buenas prácticas se debería fomentar más con incentivos, fiscales o no, más concretos. Es verdad que cuando son buenas prácticas hay riesgo de que se pueda quedar ahí, aunque nuestra experiencia aquí es que, simplemente con que haya un borrador, eso ya ha incentivado la acción.
“Las buenas prácticas pueden funcionar bien, pero se deberían reforzarse con incentivos. Sería bueno tender hacia la obligación en algunas medidas, como fomentar productos cerca de la fecha de consumo preferente”
Sería bueno reforzar y que se tienda más hacia la obligación en determinadas medidas, como puede ser el fomento de productos que estén llegando a su fecha de consumo preferente o productos feos. Las buenas prácticas pueden funcionar bien, pero se debería reforzar esa acción con incentivos fiscales.
P: Por ejemplo, en la cuantificación del desperdicio ahí sí que son partidarios de que sea una obligación.
R: Sí, tiene que ser obligatorio. Es más importante que cualquier otra obligación de las que estamos defendiendo. En países como Reino Unido, que han estado funcionando con cuantificación voluntaria, incluso el propio Gobierno reconoció que no estaba siendo efectivo. No había información suficiente si se mantenía la base voluntaria.
Nosotros hemos firmado un manifiesto conjuntamente con las principales cadenas de restauración y de supermercados pidiendo la cuantificación y el reporte obligatorio en todo el país. Al final son todos conscientes de que, para dejar de ir andando pasos en falso, es necesario que se hagan esfuerzos de forma obligatoria por parte del sector privado también.
P: ¿Cree que deben elevarse las sanciones?
R: Nosotros no tenemos una posición de hacer las sanciones más duras. Las sanciones tienen su utilidad, igual que las buenas prácticas, y el enfoque de la ley puede ser el correcto. Sí que hemos pedido un matiz porque se prevé la sanción a quien no done. Y si la obligación es la de suscribir acuerdos de donación, la sanción tiene que ser coherente con eso. No puedes obligar a suscribir acuerdos de donación y que la sanción sea no donar. La sanción tendría que ser, en su caso, por no suscribir el acuerdo de donación. Si la sanción es a quien no done, puede afectar a cualquier pequeña tienda que no done todos sus excedentes. Y eso no es viable ni sería práctico (Las pequeñas tiendas no están obligadas, con la redacción actual de la norma, a suscribir acuerdos de donación).
NORMATIVA EN OTROS PAÍSES
P: Antes ha mencionado las regulaciones en otros países. Francia, Italia o Reino Unido tienen normativas contra el desperdicio. ¿Hay aspectos en la propuesta española que se alejen de las normativas planteadas? ¿Qué aspectos hay en común?
R: Lo cierto es que la española emana un cierto paralelismo con el contenido de la francesa. Es cierto que la francesa se aprobó en 2016 y después fue extendiendo sus obligaciones a distintas fases de la cadena pero, por ejemplo, la obligación de suscribir acuerdos de donación viene de la francesa. Hay bastantes paralelismos, pero la francesa es más estricta en algunos temas.
Y, con respecto a la italiana, hay medidas que a nosotros nos gustaría rescatar y que serían positivas para fomentar la lucha contra el desperdicio, al suavizar la normativa que permite redistribuir y donar. En Italia la Ley del buen samaritano considera a las organizaciones sociales como consumidor final, lo que suaviza la normativa desde el punto de vista de seguridad alimentaria. De esta forma, las empresas tienen menos miedo a donar.
Italia tiene una perspectiva más incentivadora, Francia tiene una perspectiva más de obligación y la española creo que está entre medias.
