La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) que reclama limitar la venta de vapeadores, bolsas de nicotina y otros productos afines al circuito regulado —como estancos y puntos de venta autorizados—, dejando fuera a Internet y a los bazares, y reforzando los mecanismos de control con el fin de proteger a menores y jóvenes.
La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista para frenar el consumo de vapeadores, ha salido adelante en los términos de la transaccional acordada con el Partido Popular (PP), sumando 33 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Defendida por la diputada socialista Carmen Andrés Añón, ha subrayado que "fumar, vapear, es una decisión personal, pero el tabaquismo es una cuestión de salud pública y los poderes públicos tenemos la obligación de protegerla por mandato constitucional", y que, "en los últimos años", han irrumpido productos que, "aun sin contener tabaco, mantienen todo el potencial adictivo de la nicotina y plantean riesgos relevantes para la salud pública".
En este contexto, y atendiendo al marco normativo europeo, la PNL persigue "concentrar la comercialización en entornos sometidos a control específico que garanticen el cumplimiento de la normativa sanitaria y también la fiscal y ambiental, como hacen en este caso los establecimientos de estanco de nuestro país".
En apoyo a la propuesta socialista, el senador del PP José Manuel Aranda Lassa ha señalado que el incremento del consumo entre menores, el vacío regulatorio en torno a las bolsas de nicotina y las deficiencias en la supervisión de las ventas 'online' hacen imprescindible reforzar el control.
"La venta de dispositivos dispensadores de nicotina no puede permanecer en circuitos de distribución desordenados, poco controlados o expuestos a unas prácticas comerciales inadecuadas. La prioridad absoluta es prevenir el acceso a menores, en este caso a estos productos", ha indicado.
A su juicio, la regulación debe ir más allá de una "prohibición absoluta de la venta 'on-line'" que "no parece la mejor respuesta regulatoria", ya que entiende que ordenar la venta 'on line' exige evitar "soluciones absolutas". Por ello, defiende "someter la venta 'on line' a un régimen equivalente al de la venta presencial", lo que implica autorización previa, verificación de la edad y otros requisitos.
"Una regulación moderna debe tener en cuenta, sobre todo, la protección del menor, debe ser muy rigurosa con la información al consumidor y muy restrictiva con la publicidad o la presentación que banalice el producto", ha añadido.
Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, Nerea Ahedo Ceza ha expresado su inquietud ante este fenómeno y ha coincidido en la necesidad de un mayor control regulatorio, "tanto a nivel sanitario como fiscal o ambiental", si bien ha mostrado su extrañeza por recurrir a una PNL cuando "ya hay un anteproyecto de ley" en el que, a su juicio, debería abordarse "el descontrol existente" en las ventas a través de canales 'on line' y comercios no especializados.
Contenido de la transaccional entre PSOE y PP
La PNL acuerda instar al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, Administraciones y entes públicos competentes en materia de prevención del tabaquismo —especialmente entre menores y jóvenes—, a fijar medidas que limiten la venta de productos de vapeo, bolsas de nicotina y otros artículos relacionados con el tabaco a los canales autorizados conforme a la normativa vigente, excluyendo su comercialización en Internet y en tiendas no especializadas.
Asimismo, plantea intensificar las labores de control y supervisión para asegurar que la distribución y venta se lleven a cabo únicamente en los canales autorizados, garantizando la trazabilidad, la correcta fiscalidad y el cumplimiento de las exigencias sanitarias y ambientales. También propone reforzar los requisitos de autorización, control y verificación de la edad en todos los canales de venta, con especial atención al desarrollo de sistemas robustos de comprobación de edad que impidan la venta a menores.
Entre otras medidas, la iniciativa aboga por seguir impulsando la coordinación interministerial; estudiar la ampliación de los programas de recogida y reciclaje de vapeadores desechables; evaluar las inspecciones sobre los canales de venta no regulados y las tiendas no especializadas; y analizar el impacto económico y sanitario de las actuaciones que se adopten, garantizando su proporcionalidad y eficacia. Además, se insta a que estas medidas se valoren para su posible inclusión en la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones.