QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, la Audiencia Nacional (AN) llevará a cabo una vistilla para determinar si procede el encarcelamiento de Fernando Peña, el principal implicado en el ‘caso Nummaria’, quien fue sentenciado a 80 años de cárcel por delitos fiscales a través de su despacho Nummaria.
Según una providencia difundida por Europa Press, los jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal han citado a las partes y al propio Peña a las 10.15 horas. Esta audiencia se enmarca dentro de lo estipulado en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se podrá solicitar su ingreso en prisión.
Recordemos que, bajo la misma sentencia, la AN condenó al actor Imanol Arias a dos años y dos meses de cárcel, mientras que exoneró a la actriz Ana Duato de todas las acusaciones.
En un fallo de 275 páginas, los magistrados detallan cómo Fernando Peña movilizó los ingresos de su negocio personal a través de un conjunto de sociedades, cuyo único propósito era esquivar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y ocultar el patrimonio obtenido de estos beneficios.
La Sala analiza los montos de las declaraciones de IVA e IRPF presentadas por Peña y concluye que «resultan incongruentes con la verdadera dimensión de la actividad profesional de asesor fiscal en el despacho Nummaria que oculta tras la estructura de sociedades citadas anteriormente; incongruentes, asimismo, con los ingresos anuales que él mismo declara obtener de su actividad ante la entidad Suiza U.B.S de 1.250.000euro anuales y, también, resulta incongruente con el elevado patrimonio que titulariza a través de sociedades, tanto en España como en el extranjero».
La sentencia especifica que mediante esta estructura, Fernando Peña ha evadido sus responsabilidades fiscales tanto en el IRPF como en el IVA. Las cuotas no pagadas por Peña entre 2010 y 2015 ascienden a casi diez millones de euros en el IRPF y cerca de seis millones en el IVA.
Además, la Sala subraya que Peña no se limitó a sugerir estrategias para reducir los impuestos a sus clientes, sino que «también participa activamente en la aportación del entramado societario para la maquinación fraudulenta, dado que el señor Peña tiene el control de dicho entramado» y, en definitiva, según términos usados por el Tribunal Supremo, este acusado juega un «auténtico protagonismo en los episodios clave» de la maquinación fraudulenta.
Por estos motivos, la Audiencia Nacional le impone 32 años de cárcel por los delitos tributarios originados por su propia acción defraudadora, así como por estafa procesal, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible o frustración de la ejecución, y además, 48 años como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda pública cometidos por los otros condenados.
