El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no era el número uno” en la “verdadera organización criminal” que, según ha insistido, integraban el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario y presunto intermediario Víctor de Aldama.
Así lo ha defendido en su informe final ante el Tribunal Supremo, en el juicio contra los tres acusados por supuestas irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria.
“No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama”, ha señalado el representante del Ministerio Público.
Luzón ha recalcado que Ábalos era “denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama”.
Además, ha subrayado el “matiz” introducido por el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, quien declaró que “quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama”.
“Pero habría que hacer también una precisión a esta consideración, y es que Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo”, ha añadido el fiscal.
Luzón ha querido dejar “claro” que este extremo debe ponderarse al comparar su solicitud de condena para el empresario —7 años de prisión— con las penas que pide para Ábalos (24 años) y para Koldo (19 años), quienes “no han necesitado contar con Aldama para la comisión de conductas”.
El jefe de Anticorrupción sostiene que la presunta trama se gesta en el Ministerio de Fomento —posteriormente denominado de Transportes— tras la llegada de Ábalos en junio de 2018, a partir de unas “relaciones personales” que surgieron y que “pronto” derivaron en el “común lucro”, dando lugar a una “verdadera organización criminal”.
“Todo acabó en un pacto corruptor que a todas las partes acababa interesando”, ha enfatizado, remarcando que la “prueba de cargo” contra los tres procesados es “abundante” y “demoledora”.
Pagos en efectivo y origen del dinero
En relación con los pagos mensuales de 10.000 euros, ha recordado que Aldama los “reconoce” como propios. “Los acusados no han conseguido una respuesta válida a esa pregunta que se hacían en el viejo cuplé: ‘¿De dónde saca pa' tanto como destaca?’”, ha manifestado.
Luzón ha apuntado que esa cuestión deberían “hacérsela todos los españoles respecto a los funcionarios públicos” y también “los directores de las sucursales bancarias donde se ingresaron ingentes cantidades de dinero en efectivo” por parte de Ábalos y Koldo.
Contratos de mascarillas y beneficios
Sobre los contratos de mascarillas, el fiscal ha denunciado que existió un “acuerdo previo y privilegiado” con Aldama, puesto que “la orden ministerial” para la compra de material sanitario “se emite mucho después” y que “el número de mascarillas lo decide la empresa” adjudicataria, Soluciones de Gestión, vinculada al presunto conseguidor.
También ha aludido al pago del piso de Plaza de España en el que residió durante casi tres años Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, que considera “el comienzo de la corrupción, ya en marzo de 2019”.
Contrataciones en empresas públicas
Respecto a su incorporación a empresas públicas como Ineco y Tragsatec, ha señalado que está “plenamente acreditado” que Koldo, “por cuenta de Ábalos”, ejerció una “presión moral eficiente” sobre la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien reconoció como testigo haber remitido el currículum de Jéssica a la presidenta de Ineco.
“Es curioso, Pardo de Vera dice que ella se limitó a remitir el currículum y dijo que enviar un currículum no significa nada. Y discrepo profundamente de esa afirmación: enviar un currículum no significa nada depende de quién lo envíe”, ha concluido Luzón.