El juez permite a la Policía rastrear las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas y su secretaria

El juez del 'caso Plus Ultra' permite a la UDEF rastrear cuentas de Zapatero, su entorno y empresas vinculadas por presunto tráfico de influencias.

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' CESAR VALLEJO RODRIGUEZ
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El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra' ha dado vía libre a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que rastree diversas cuentas bancarias a nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de sus hijas, Alba y Laura, y de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez faculta a los agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a “ampliar la información que se considere pertinente” sobre varias cuentas bancarias vinculadas a los investigados.

Al mismo tiempo, el instructor precisa que “en el caso de que los servicios centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión”, fijando así el protocolo a seguir por los investigadores.

Estas pesquisas se integran en el 'caso Plus Ultra', en el que se analizan posibles irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. En este procedimiento, el juez sitúa a Zapatero al frente de una presunta trama de tráfico de influencias que habría logrado beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en la concesión de ese rescate, motivos por los que acordó su imputación.

Indagaciones sobre las cuentas de Julio Martínez Martínez

Calama autoriza igualmente a la UDEF a indagar en determinadas cuentas asociadas al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero y propietario de Análisis Relevante, sociedad investigada por pagos bajo sospecha al entorno del expresidente, supuestamente ligados a su presunta intermediación en el rescate.

Del mismo modo, el juez permite a los agentes revisar otros productos financieros de sociedades bajo sospecha, entre ellas Inteligencia Prospectiva. Para ello, ordena la emisión de oficios y mandamientos con el fin de recabar documentación y extractos de movimientos bancarios de dichas mercantiles.

El instructor acuerda, además, la creación de una pieza separada en la que se incorporará íntegramente la información bancaria que remitan las entidades, “quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas”.

“Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas”, precisa el magistrado.

El rol de la secretaria de Zapatero en la investigación

En relación con Alcázar, la UDEF sostiene que “tendría un papel relevante” en la supuesta operativa, “constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos”.

Los agentes subrayan, no obstante, que “hasta la fecha no se ha tenido constancia” de que la secretaria de Zapatero haya percibido fondos, “directa o indirectamente, del entramado societario investigado”.

“Sin embargo en atención a su rol relevante en la organización se estima conveniente efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio”, añade la UDEF en su informe.

En este contexto, los investigadores han verificado que Alcázar adquirió una vivienda en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio “sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros”.

“No se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada”, recalca la UDEF.

Movimientos de fondos en el entorno de Julio Martínez

Por otra parte, la unidad policial detalla que ha identificado a la empresa ASP Rentas como “la sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez” que concentra un mayor volumen de movimientos de fondos en sus cuentas.

Según los datos aportados, ASP Rentas registra entradas por 1.984.521,15 euros frente a salidas por 1.996.984,41 euros en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, cifras que “contrastan con los ingresos declarados (89.540 euros)”.

Al examinar la operativa de esta mercantil, la UDEF aprecia “indicios sólidos sobre su empleo como sociedad instrumental, considerando que es necesario analizar el destino y trazabilidad de los fondos”, por lo que propone seguir profundizando en estos movimientos económicos.