El humorista Jair Domínguez ha insistido ante el tribunal en que “de ninguna manera” pretendió incitar a la violencia contra Vox cuando, en un programa de Catalunya Ràdio emitido dos días después de las elecciones del 14 de febrero de 2021, afirmó que “al fascismo, a los nazis, se les combate con un puñetazo en la boca”. Aquellos comicios supusieron la entrada de Vox por primera vez en el Parlament.
Domínguez ha declarado este martes en la Audiencia de Barcelona, en el juicio por un presunto delito de incitación al odio promovido por Vox. La vista se ha celebrado sin acusación por parte de la Fiscalía, que ha optado por no dirigir cargos contra el cómico.
El acusado ha respondido a todas las partes salvo a la acusación particular. Ha explicado que su intervención formaba parte de la sección “Bon dia de merda”, que ha descrito como una columna de opinión marcada por la ironía y el sarcasmo. Según ha relatado, en la primera parte del monólogo se refirió a Vox y, en la segunda, abordó lo que representa “históricamente” el fascismo y el nazismo.
Domínguez ha precisado que el personaje que interpreta en radio y televisión es “una versión amplificada” de su propia personalidad, con un tono humorístico y exagerado que la audiencia reconoce, entre otros motivos porque ya ha afrontado polémicas previas por su estilo histriónico.
Interrogado por su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, sobre el sentido literal de sus manifestaciones, el humorista ha reiterado que se trataba de “una expresión metafórica”, una forma de aludir a la necesidad de plantar cara al auge del fascismo o del nazismo. Ha subrayado que no se dirigía a ninguna persona concreta ni pretendía respaldar la violencia.
Un único testigo policial
En la vista solo ha declarado un testigo: un agente de la Comissaria General d'Informació de los Mossos d'Esquadra, encargado de elaborar un informe sobre los hechos a petición del juzgado de instrucción.
Este testigo ha contextualizado las declaraciones en un momento de “polarización política”, pero ha señalado que, tras analizar si aquel fragmento podía haber desencadenado actos violentos, su unidad no halló ningún episodio relevante que pudiera vincularse con la emisión del programa.
El agente ha explicado que se trataba de un discurso de poco más de un minuto, cargado de sarcasmo e ironía, en el que se comentaban los resultados de las elecciones autonómicas: “En ningún momento consideramos que haya un hecho próximo que se pueda vincular con estas declaraciones”.
Postura de Fiscalía, defensa y Vox
A partir de estos elementos, la Fiscalía ha solicitado la absolución de Domínguez. Ha argumentado que, aunque una expresión pueda resultar inadecuada, solo las formas más graves de incitación al odio deben recibir reproche penal. En este caso, ha remarcado que las palabras se pronunciaron en un espacio “satírico, de humor”, de manera puntual, sin generar reacciones violentas entre la audiencia ni dirigirse a un colectivo especialmente vulnerable.
La defensa ha reclamado igualmente la absolución del humorista y, de manera subsidiaria, que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al haberse prolongado el procedimiento durante más de 5 años. También ha solicitado que Vox asuma las costas del proceso y ha reiterado que el discurso de Domínguez no impulsó la comisión de actos violentos de ningún tipo, “aunque el lenguaje pueda parecer contundente”.
Por su parte, Vox ha sostenido que las manifestaciones iban “dirigidas hacia los votantes de Vox” y ha mantenido su petición de una pena de dos años de prisión para el acusado.
La CCMA queda fuera del procedimiento
En la fase de cuestiones previas, el tribunal ha resuelto que el juicio continúe sin la participación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), sobre la que Vox reclamaba la imposición de una multa.
El presidente de la sala ha comunicado que la decisión del tribunal “es que el juicio se celebre sin la presencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que deja de ser parte”, al considerar que el ente no pudo intervenir en la fase de instrucción. Esta resolución ha sido asumida por Fiscalía y defensa, mientras Vox ha mostrado su discrepancia.