La representación legal del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez afirmó este miércoles ante la Audiencia Nacional que “no investigar” al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su círculo cercano habría constituido “verdaderamente el delito”, del mismo modo que lo sería que el antiguo ‘número dos’ de Interior “hubiera parado” la denominada ‘Operación Kitchen’.
El abogado Pedro Colina expuso estas consideraciones en su informe final ante el tribunal que enjuicia la ‘Operación Kitchen’, el supuesto dispositivo puesto en marcha en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer información a Bárcenas y, presuntamente, entorpecer así las pesquisas sobre una posible contabilidad paralela en el partido.
Colina defendió que “existía una operación real policial, lícita y legal de inteligencia para buscar dinero, patrimonio, del señor Bárcenas y su familia”. “Una operación de Estado”, resumió el letrado, insistiendo en que la actuación policial se enmarcaba en la legalidad.
En esta línea, remarcó que lo que “habría sido verdaderamente delito” habría sido que “no se investigara a Bárcenas y a su entorno”, y que, en caso de que Martínez “hubiera parado esta operación”, eso sí sería lo “realmente delictivo”, según su planteamiento ante el tribunal.
Una operación de inteligencia “de todo menos clandestina”
Por otra parte, el defensor de Martínez aseguró que “no hay una prueba de que desde la cúpula del Ministerio del Interior o desde el PP se ordenara” la operación, que, de acuerdo con su versión, se gestó en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.
El letrado explicó que el operativo habría surgido a partir de “la oportunidad de que el chófer de Bárcenas sea confidente” y subrayó que se trataba de “una operación de inteligencia de todo menos clandestina”, ha remarcado, aludiendo a la abundante documentación y testimonios recabados.
“Nos hemos tirado casi tres meses de juicio, han declarado aquí un montón de personas y ningún testigo, ningún perito ha venido aquí a contarnos que existe la ‘Operación Kitchen’ tal y como las han concebido las acusaciones. Ninguno”, espetó Colina, cuestionando así el relato de las partes acusadoras.
El propio Martínez admitió que “estaba enterado de esta operación” y que “fue informado de ella”, ya que estaba “dentro de sus funciones ser informado y coordinar determinadas actuaciones policiales que pudieran tener interés para el Estado”, justificó el abogado, encuadrando su papel en sus responsabilidades institucionales.
No obstante, el letrado negó que el exsecretario de Estado de Seguridad hubiera dado “instrucciones” al comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado de haber captado y dirigido al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también procesado en esta causa.
En relación con los supuestos pagos con fondos reservados al exchófer, Colina defendió que “pagar a un confidente por una operación lícita es lícito”, sosteniendo que la utilización de esos recursos se ajustó al marco legal previsto para este tipo de labores de inteligencia.
La defensa solicitó la absolución de Martínez de los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, por los que la Fiscalía reclama 15 años de prisión para quien fuera el ‘número dos’ del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Colina añadió que Bárcenas “jamás tuvo una prueba y, por tanto, jamás le quitaron nada”, por lo que, a su juicio, “el caso Kitchen se cae, desaparece”.
“El señor Bárcenas no tenía ni una sola prueba contra el Partido Popular”, afirmó el abogado, antes de recalcar que “si la hubiera tenido, ha tenido oportunidades de sobra para aportarlas, incluso antes de que ingresara en prisión preventiva”.
Las agendas y grabaciones de Villarejo, en entredicho
En otro tramo de su informe, la defensa de Martínez calificó de “no naturales ni espontáneas”, sino “dirigidas” las grabaciones de Villarejo reproducidas en la vista oral, y sostuvo que no deben ser admitidas como prueba porque “vulneran los derechos fundamentales” del ex ‘número dos’ de Interior. Además, sugirió que los audios presentados por el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el ‘caso Leire Díez’, podrían haber sido manipulados por él mismo.
Igualmente, puso en cuestión otra de las principales evidencias del procedimiento, las agendas de Villarejo, al señalar que “no pueden ser un dato objetivo externo que corrobore las grabaciones” y que “sobre todo no es algo que en sí mismo tenga un contenido incriminatorio”.
Al mismo tiempo, dirigió una crítica velada al fiscal anticorrupción, César de Rivas, quien había sostenido que Villarejo “no se engaña a sí mismo”, replicando que “hay un montón de elementos” en las anotaciones que desmienten esa tesis. “No podemos fiarnos de su contenido”, discrepó el letrado.
“Cuando uno está mintiendo constantemente o está creando fábulas o está en conversaciones contando historias que no son ciertas para obtener otro tipo de información, pues entiendo que igual anoten sus agendas para no olvidarla y para recordar”, razonó Colina, restando credibilidad a esos documentos.
Además, recordó que en las agendas “no se habla de una ‘Operación Kitchen’ consistente en robar documentos a Bárcenas para beneficiar a los dirigentes del PP”, insistiendo en que, a su juicio, no respaldan la versión de las acusaciones sobre el supuesto plan para proteger al partido.