El fiscal encargado de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el domingo 18 de enero y en el que perdieron la vida 46 personas y resultaron heridas más de 120, considera “perfectamente procedente” que intervenga un geólogo especializado para realizar estudios del terreno, tal y como han planteado los peritos, “dada la naturaleza de la pericia a practicar en la que determinar el estado del terreno sobre el que se asienta la infraestructura ferroviaria”.
Así lo recoge el representante del Ministerio Público en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, emitido en respuesta a la providencia de la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, en relación con el informe remitido por los peritos judiciales designados. El fiscal entiende que esta prueba “puede ser relevante si se conecta con lo que en este momento procesal es el objeto del procedimiento”.
En su informe, los tres peritos judiciales subrayan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesaria la realización de nuevos estudios geotécnicos que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.
En esa línea, y “pensando en un fallo del terreno”, los especialistas plantean la conveniencia de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, proponiendo “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 metros de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.
Según detallan, estos trabajos “deberán ser ejecutados en banda de mantenimiento y de su resultado” se podrá “inferir posibles discontinuidades en la infraestructura y/o el macizo inferior que pudieran haber influido en la rotura de carril”. En cualquier caso, advierten de que tales actuaciones “habrá que decidir o no ejecutarlas a la vista de la documentación que deberá entregar Adif y aún no está aportada a la causa”.
Debate sobre la intervención de un ingeniero de telecomunicaciones
En cuanto a la petición de los peritos para que participe un ingeniero de telecomunicaciones, con el fin de aclarar la “no advertencia” del tren Alvia en la zona del siniestro mientras se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado este último, el fiscal recuerda que “la providencia de 29 de enero por la que se acuerda la práctica de la prueba pericial señala que 'a la vista de los solicitado, procédase a la práctica de la diligencia de informe pericial interesada sobre las causas del accidente ferroviario objeto de investigación'”.
En este contexto, apunta que “parece más bien que la intervención del especialista propuesto iría dirigida a valorar cuestiones correspondientes a estadios posteriores a los que son el objeto del presente procedimiento, tal y como está configurado y de acuerdo a la providencia anteriormente referida”.
No obstante, matiza que lo anterior se indica “sin perjuicio de que por los peritos puedan proponer dicho especialista de una manera más enfocada a lo que efectivamente ha de ser el objeto de la pericia y en su caso pueda reconsiderarse la valoración en relación a la oportunidad de la participación de este técnico”.
Ensayos metalúrgicos y análisis de las cajas negras
Respecto a las pruebas metalúrgicas sobre las evidencias de carril recogidas en el lugar del siniestro, y a la vista de las recomendaciones de los peritos y de la documentación incorporada a las actuaciones, especialmente la remitida junto a las diligencias de la Guardia Civil sobre los laboratorios propuestos, el fiscal muestra su “conformidad a que por el Juzgado se dé prioridad en el uso de piezas de convicción afectas a un procedimiento judicial, al laboratorio de Cenim sobre el laboratorio Aimen en lo que se refiere al uso de los lotes 1 y 2 que deben ser objeto de pruebas en dichos laboratorios todo ello conforme a los argumentos dados por por los peritos”. La jueza ya ha dictado resolución en ese sentido.
Del mismo modo, el Ministerio Público manifiesta su “conformidad a las propuestas de los peritos en lo que se refiere a la acreditación de calibración y homologación de procesos y maquinaria, inclusión de ensayos de hidrógeno, presencia de los peritos en dichas operaciones y dación de cuenta de los laboratorios con entrega de muestras a la autoridad judicial, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en la LECrim y la creación de la Autoridad para la Investigación de Accidentes Ferroviarios --en lo que se refiere a las relaciones CIAF/autoridad judicial--”.
En relación con la presencia de técnicos para interpretar el contenido de los RJU --cajas negras-- de los trenes implicados, el fiscal se muestra de acuerdo con la “conformidad a la presencia de personal técnico responsable de fabricación o integración de cada una de las unidades de tren siniestradas, pareciendo necesaria su presencia para una adecuada interpretación de los datos contenidos en dichos RJU”.
Por último, en cuanto a la documentación reclamada por los peritos a Adif, el representante del Ministerio Público expresa su “conformidad” a que se formalice el requerimiento a la entidad, tal y como ya se recogía en la providencia de 12 de julio y que la jueza ha vuelto a reiterar.