Los juzgados y tribunales de toda España finalizaron diez causas penales por delitos de corrupción en las que resultaron encausadas 47 personas físicas y siete personas jurídicas, y se dictaron hasta 27 resoluciones condenatorias entre los meses de abril y septiembre de 2025.
Así lo ha hecho público este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una nota informativa con los datos actualizados del repositorio sobre procedimientos por corrupción, en funcionamiento desde 2017 con el objetivo de permitir a la ciudadanía "conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores".
Según detalla el CGPJ, en el segundo y tercer trimestre de 2025 se dictaron en total 34 sentencias, 19 en el periodo de abril a junio y 15 entre julio y septiembre, de las que 27 terminaron en fallo condenatorio. Esto supone que en cuatro de cada cinco procedimientos, un 79,4%, las personas acusadas fueron finalmente condenadas.
El informe también pone de relieve que hubo siete personas jurídicas procesadas por delitos de corrupción, seis de ellas vinculadas a una causa seguida en Cantabria y la otra en un procedimiento tramitado en Murcia.
El órgano de gobierno de los jueces subraya que la información recopilada en el repositorio se refiere exclusivamente a la corrupción de carácter público, "la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía".
"De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política", explica el Consejo.
En concreto, el CGPJ incluye en esta categoría los delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico; prevaricación de funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
Por comunidades autónomas, los tribunales de Andalucía son los que más resoluciones han dictado en este periodo: 11 en total, de las que nueve han sido condenatorias. A continuación se sitúan Cataluña y Extremadura, con tres sentencias condenatorias cada una, seguidas de Canarias y Galicia, con dos fallos condenatorios por comunidad.