La titular del Juzgado de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha procesado a 14 personas, entre ellas un teniente coronel que actuó como interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) en la 6ª Zona del Instituto Armado. Se les investiga por presuntos sobrecostes y otras irregularidades en contratos de obras públicas destinados al mantenimiento y reforma de instalaciones de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana entre 2018 y 2022.
Según detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), entre los encausados figuran también otro agente de la Benemérita y varios empresarios vinculados a estas adjudicaciones.
La magistrada aprecia, a la vista de las diligencias practicadas, la existencia de "indicios racionales de criminalidad" por la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal.
En consecuencia, la instructora dicta auto de procedimiento abreviado, con el que se da por concluida la fase de instrucción, y remite las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que interesen la apertura de juicio oral con el correspondiente escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias.
En el mismo auto, fechado este lunes 20 de julio y recurrible en reforma y/o apelación, la jueza excluye del procedimiento a otros dos investigados y acuerda para ellos el sobreseimiento provisional, según precisa el Alto Tribunal valenciano.
La resolución judicial señala que el principal encausado, el citado teniente coronel, se habría aprovechado de su posición como jefe de la UGE y de la confianza otorgada por sus superiores para "crear en su propio beneficio una red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública de la Guardia Civil".
Entre las supuestas irregularidades detectadas, la jueza menciona el fraccionamiento indebido de facturas para esquivar los controles administrativos, la adjudicación reiterada de contratos a sociedades vinculadas a un mismo empresario y la emisión de facturas por importes muy superiores al valor real de los trabajos o, incluso, por trabajos que nunca llegaron a ejecutarse.
De acuerdo con los informes de la Agencia Valenciana Antifraude y de Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, en algunas intervenciones los sobrecostes habrían alcanzado en torno al 200%, y el perjuicio total para las arcas públicas se cifra en decenas de miles de euros.
"RED DE CORRUPCIÓN SISTÉMICA"
El auto también recoge indicios sobre la existencia de una "supuesta red de corrupción sistémica" encabezada por el teniente coronel para "enriquecer su patrimonio inmobiliario" en la localidad valenciana de Siete Aguas, mediante la realización de obras privadas en su vivienda a cargo de varios de los proveedores que resultaban adjudicatarios de los contratos públicos.
Asimismo, se alude a la "opacidad financiera" en la compra de parte de esos inmuebles, por el pago de cantidades en efectivo "sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen".