QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del juez Leopoldo Puente de sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de suministro de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria.
En una resolución hecha pública este miércoles, los magistrados Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo rechazan los recursos presentados por Ábalos y Koldo contra el auto dictado el pasado 3 de noviembre, en el que Puente planteaba juzgarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
En dicho auto, el instructor sostiene que Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama “se concertaron” para aprovechar la posición del entonces ministro y su “influencia” con el objetivo de “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia”.
Previamente, en septiembre, Puente había acordado escindir la investigación: en la pieza principal mantuvo las diligencias relacionadas con los contratos de mascarillas y reservó una pieza separada para la supuesta red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita penas que suman 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma condena que plantea el Ministerio Público.
De cara a la vista oral, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares reclamaron al juez la prisión provisional de Ábalos y Koldo al apreciar riesgo de fuga, habida cuenta de las elevadas penas interesadas. El magistrado estimó dichas peticiones y ordenó el ingreso de ambos en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 28 de noviembre.
Pide el voto telemático
José Luis Ábalos ha remitido un escrito a la Mesa del Congreso solicitando que se le autorice el vote telemático para la sesión plenaria de esta semana (las votaciones tendrán lugar el jueves).
A través de su perfil oficial de X, argumenta que el Artículo 82.2 del Reglamento reconoce el supuesto de “situaciones excepcionales de especial gravedad”, no especificándose el motivo de dicha situación excepcional. “El ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra”, añade, y remacha: “Su impedimento sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía”.
Tiempo ha que la Cámara Baja sostiene que el Reglamento no contempla el voto telemático para quienes se encuentren en prisión, por lo que previsiblemente, se le negará. Además, según apuntan fuentes de la Presidencia del Congreso a Demócrata, la Mesa se prevé reunir en cuanto llegue el escrito del Supremo para suspender los derechos de Ábalos como diputado.
En consecuencia, perdería no solo el voto, sino que no podrá ejercer las labores de control a través de preguntas para respuesta escrita, solicitud de informes y documentos.
Ábalos perdería también definitivamente el derecho a la asignación económica y a toda ayuda o indemnización por gastos derivados de la función de diputado, lo que dejaría a Ábalos sin los ingresos procedentes del Congreso. La Cámara dejaría de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social y Mutualidades que pudieran corresponderle “como consecuencia de su dedicación parlamentaria”.
Sin Ábalos, el número de diputados del Congreso será de 349 en lugar de 350. El número de miembros a considerar a la hora de votar es clave por impactar en las mayorías actuales, máxime tras descolgarse Junts del bloque de investidura con la reciente ruptura de relaciones con el PSOE.
Sin Ábalos en la ecuación, el escenario es aún más complicado porque el bloque de investidura pierde un leal aliado (acostumbraba a votar con el PSOE). El Gobierno y sus socios se quedarían en 171, los mismos 171 que suman PP, Vox y UPN. Así las cosas, la abstención de Junts ya no sería suficiente y daría al traste con muchas iniciativas.
Según ha podido saber Demócrata, de momento la Presidencia del Congreso no valora solicitar un informe a los letrados para explorar la posibilidad de rebajar las mayorías a 349, por lo que se mantendrían los 350 y la mayoría absoluta en 176.
