El exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez ha explicado este martes ante el Tribunal Supremo que el exasesor ministerial Koldo García le comunicó que era necesario elevar el pedido de mascarillas de cuatro a ocho millones, porque Soluciones de Gestión –la compañía situada en el supuesto núcleo de la trama– había impuesto esa condición.
“Me indicó que la decisión final era que fueran ocho millones de mascarillas porque el suministrador decía que eran ocho millones o nada”, ha manifestado durante su testifical en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor y el empresario Víctor de Aldama, relacionado con dicha mercantil.
Gómez ha relatado que Ábalos le convocó en su despacho el 19 de marzo de 2020 para encomendarle la compra de mascarillas: “Me reuní con mi equipo, estudiamos la mejor forma de poder llevarlo a cabo y le propusimos que, en vez del Ministerio, la realizaran empresas del grupo”.
Según ha detallado, en un primer momento Puertos del Estado asumió la adquisición de esos ocho millones de unidades y, posteriormente, Adif tramitó otro pedido de cinco millones a Soluciones de Gestión, al considerar que contaban con mayor experiencia en grandes suministros, una capacidad logística superior y una situación financiera más sólida.
De acuerdo con su declaración, al entonces titular de Transportes “le pareció bien” la propuesta y, en calidad de subsecretario, preparó “por prudencia” una orden inicial para que Puertos del Estado comprara cuatro millones de mascarillas, documento que “el ministro llegó a firmar”.
“Pero cuando la íbamos a enviar al BOE, cambiamos la orden y el ministro firmó una nueva por 8 millones”, ha señalado, añadiendo que Koldo le transmitió que Soluciones de Gestión, cuya oferta le había sido entregada por el propio asesor, exigía que la operación se realizara en esos términos.
Gómez, que ha precisado que la decisión de adjudicar el contrato correspondió a Ábalos, ha insistido en que esa fue “la única oferta” que tuvo sobre la mesa y que por ese motivo la remitió a Puertos del Estado.
“Posteriormente, la orden se publicó en el BOE y parece ser que algunas empresas, al verla, enviaron otras ofertas que le llegaron a Puertos del Estado y el secretario general de Puertos me las envió posteriormente, pero el contrato ya estaba adjudicado y yo no hice nada con esas ofertas”, ha concluido.