El Congreso ha dado luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Partido Popular sobre vivienda y suelo. El texto, que entre otros aspectos permite a bancos y fondos acudir a juicios rápidos para desalojar 'okupas', ha salido adelante gracias a los votos de Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el rechazo del resto de grupos, incluidos los partidos que sostienen al Gobierno.
La Cámara Baja ha dado este primer paso el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba su Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. La iniciativa del PP, que ya había superado el trámite del Senado, donde los 'populares' cuentan con mayoría absoluta, incorpora asimismo una modificación de la Ley del Suelo para acelerar los procedimientos de planificación urbanística.
Pese al respaldo mayoritario logrado este martes, la iniciativa no queda aún definitivamente aprobada. Lo que se ha acordado es su toma en consideración y su entrada formal en el circuito legislativo del Congreso, abriéndose ahora el plazo para que los distintos grupos presenten enmiendas al articulado.
tramitación parlamentaria
Tras la toma en consideración de la proposición de ley en el Congreso, el texto entra ya en la fase de tramitación parlamentaria.
1. Presentación de enmiendas
Los grupos parlamentarios pueden:
- Presentar enmiendas a la totalidad (para devolver o sustituir el texto)
- Presentar enmiendas parciales al articulado
2. Trabajo en comisión
El texto pasa a la comisión correspondiente donde:
- Se debaten las enmiendas parciales
- Se negocian cambios entre grupos
- Se elabora un dictamen
3. Vuelta al Pleno del Congreso
El dictamen de la comisión se eleva al Pleno:
- Se debaten los puntos clave
- Se votan las enmiendas vivas
- Se aprueba (o no) el texto definitivo
Coincidencias y diferencias con la Ley del Suelo
El texto del PP recoge algunos elementos ya presentes en la Ley del Suelo que negociaron PSOE y PNV, como la eliminación de la nulidad en cascada de todo un proyecto urbanístico por defectos considerados subsanables. Sin embargo, la propuesta de los 'populares' trasciende el plano urbanístico y llega a derogar determinados apartados de la Ley de Vivienda de 2023 impulsada por PSOE y Unidas Podemos.
En este sentido, la proposición suprime las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de los alquileres, instrumentos incorporados en la norma de 2023 y que el PP califica de "medidas perjudiciales" para el funcionamiento del mercado residencial.
Asimismo, la iniciativa modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las personas jurídicas —como empresas, entidades financieras o fondos de inversión— puedan recurrir a un juicio verbal con el fin de reclamar la "inmediata recuperación" de la posesión de una vivienda cuando hayan sido privadas de la misma sin su permiso.
Estos juicios verbales están pensados para controversias civiles de cuantía reducida y resolución rápida. En la actualidad, la normativa impide que las personas jurídicas utilicen esta vía, salvo cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro.
La proposición también retoca los plazos máximos de suspensión de los desahucios. Se pasa de dos a un mes cuando el demandante es una persona física, y de cuatro a tres meses cuando el demandante sea una persona jurídica.
Cambio en el umbral de vulnerabilidad y nuevos criterios urbanísticos
Otra de las modificaciones relevantes es la rebaja del umbral de ingresos para considerar a una familia como vulnerable. Se reduce de tres veces a 1,5 veces el Iprem mensual el límite base de ingresos del hogar que el juez debe valorar. De este modo, quienes superen los 900 euros mensuales dejarán de ser considerados vulnerables a efectos de paralizar un desahucio.
En materia urbanística, la proposición establece que las obras de nueva edificación seguirán requiriendo licencia, pero si transcurren tres meses sin resolución expresa de la administración competente se entenderá otorgado el permiso por silencio positivo.
Esto permitirá iniciar la construcción aun sin respuesta explícita, con el objetivo de reducir demoras administrativas. El mismo criterio se aplicará a intervenciones en edificios existentes que alteren su configuración.
Silencio negativo en inmuebles protegidos y suelos rurales
No obstante, en actuaciones sobre edificaciones protegidas o suelos rurales, el silencio administrativo tendrá carácter negativo. Este mismo criterio se aplicará a la tala de masas arbóreas. La reforma prevé igualmente que la nulidad de un plan urbanístico no arrastre automáticamente la de sus desarrollos, permitiendo su corrección.
Además, se elimina en la Ley del Suelo de 2015 la referencia a los procedimientos de evaluación ambiental, al considerarse "redundante" respecto a otras normativas específicas. El texto contempla también la creación de una plataforma para agilizar informes sectoriales y mejorar la coordinación entre administraciones.
Asimismo, introduce la acción pública para evitar recursos con fines meramente económicos contra instrumentos urbanísticos.