El comité de expertos designado por la Generalitat de Catalunya ha avalado la posibilidad de establecer límites a la compra especulativa de viviendas en Cataluña, en el marco de las medidas que estudia el Govern para contener la escalada de precios y facilitar el acceso a la vivienda habitual.
El informe técnico considera que existen márgenes jurídicos suficientes para actuar sobre determinadas prácticas de acumulación inmobiliaria que tensionan el mercado, especialmente en áreas declaradas como zonas tensionadas. La propuesta no plantea una prohibición generalizada, sino la posibilidad de introducir mecanismos regulatorios dirigidos a frenar la adquisición masiva de inmuebles con fines puramente especulativos, priorizando el uso residencial frente a la lógica financiera.
Un mercado bajo presión estructural
Cataluña, y particularmente Barcelona y su área metropolitana, vive desde hace años una presión sostenida en el mercado inmobiliario, con incrementos significativos tanto en el alquiler como en la compraventa. A ello se suman factores como la escasez de oferta asequible, la concentración de propiedad en manos de grandes tenedores y la entrada de capital inversor en determinados barrios.
El Govern ya ha aplicado herramientas como la declaración de zonas tensionadas al amparo de la Ley estatal de Vivienda, lo que ha permitido intervenir sobre los precios del alquiler en determinados municipios. Sin embargo, el comité apunta que la regulación de rentas no es suficiente por sí sola si no se actúa también sobre dinámicas de compra orientadas exclusivamente a la revalorización y posterior venta o alquiler a precios elevados.
Encaje jurídico y límites europeos
Uno de los elementos centrales del informe es el análisis del encaje legal de posibles restricciones. Cualquier medida deberá respetar el marco constitucional español y la normativa europea sobre libre circulación de capitales, lo que obliga a diseñar instrumentos proporcionados, justificados por razones de interés general y con criterios objetivos.
El comité sugiere explorar fórmulas como limitaciones en determinadas zonas especialmente tensionadas, requisitos adicionales para grandes tenedores o instrumentos fiscales disuasorios, siempre dentro de los márgenes legales existentes. El documento subraya que el derecho a la vivienda, reconocido constitucionalmente, puede justificar intervenciones específicas si se acredita una situación de desequilibrio estructural del mercado.
Impacto económico y debate político
La posibilidad de limitar la compra especulativa abre un nuevo frente en el debate entre administraciones públicas y sector inmobiliario. Desde el ámbito empresarial se advierte de que una intervención excesiva podría reducir la inversión y afectar a la oferta disponible, mientras que desde el Govern se defiende que el objetivo no es penalizar la actividad económica, sino corregir distorsiones que dificultan el acceso a la vivienda a la población residente.
El informe no tiene carácter vinculante, pero servirá como base para que el Ejecutivo catalán valore la viabilidad de una futura propuesta legislativa. En un contexto en el que la vivienda figura entre las principales preocupaciones sociales, el Govern busca reforzar su estrategia combinando regulación, incentivos a la construcción de vivienda pública y mecanismos de control sobre prácticas especulativas.
Siguientes pasos
La Generalitat analizará ahora las recomendaciones del comité antes de concretar medidas normativas. Cualquier iniciativa requerirá previsiblemente un amplio debate parlamentario y podría tener repercusión más allá de Cataluña, en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda política en España.