El Gobierno aprobará la próxima semana un decreto-ley con medidas de urgencia para afrontar la crisis de acceso a la vivienda. Lo hará en el último Consejo de Ministros de mes y lo hará haya o no un acuerdo para sacarlo adelante en el Congreso.
De momento, Sumar anunció este miércoles un pacto en el seno de coalición para incorporar varias de las medidas anunciadas, entre ellas una prórroga de los contratos del alquiler de dos años, hasta julio de 2028.
Junto a ella, se espera la subida al 21% del IVA aplicado a los pisos turísticos o la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para que entren en las intervenciones de precios que se aprueben en zonas declaradas como tensionadas.
Aún queda por aclarar qué tipo de incentivos fiscales contendrá –el PSOE defiende dejar exentas la renta de los caseros que no suban los alquileres y Junts quiere deducciones en el pago de la hipoteca y del alquiler--, o si habrá medidas de protección contra los desahucios.
También qué medidas se contemplarán para agilizar operaciones urbanísticas, medidas que el PSOE quiere incluir con el respaldo del PNV, y que ya han fracasado en dos ocasiones esta legislatura en sendas reformas de la Ley del Suelo.
La continuidad del paquete, en todo caso, quedará supeditada a superar en septiembre la votación de convalidación. La Constitución y el Reglamento del Congreso prevén un plazo de treinta días para convalidar la norma a partir de su promulgación. Sin embargo, este plazo suele aplicarse a partir de la calificación de la norma, por lo que en varias ocasiones la votación tiene lugar más de un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La anterior prórroga de contratos fue aprobada el 20 de marzo, publicada en el BOE un día después y derogada por el Pleno del Congreso el 28 de abril.
¿Es posible sacarlo adelante?
Para lograr la convalidación en el Congreso, el bloque del Gobierno deberá superar los votos en contra de PP, Vox y UPN: 171 votos que tratarán de rechazar el decreto-ley. Sin el aval de Junts, la convalidación es imposible.
La necesidad de contar con sus votos abrió la puerta a incorporar incentivos fiscales para propietarios que hace unos meses eran una línea roja para formaciones como Sumar, ERC o Bildu. “Un sapo”, según reconoció Sumar, que acepta para poder contar con los votos de Carles Puigdemont.
El problema para el Gobierno es que es que Podemos se desmarca de ese planteamiento y ya ha avisado públicamente que no apoyará un decreto-ley que contenga rebajas fiscales para los arrendadores.
Lo irónico es que los incentivos anunciados hace semanas por el Gobierno –una bajada del IRPF a los caseros que no suban los precios— y que espantan a los socios de izquierda no es algo que Junts esté proponiendo. Es una medida llevada al debate por el PSOE.
¿Qué pide Junts?
Junts sí reclama deducciones para inquilinos en el pago de la renta o a propietarios, pero por las cantidades abonadas en el pago de la hipoteca, no sobre los ingresos recibidos de un inquilino. Junto a ello, los independentistas catalanes plantean ventajas fiscales a quien venda su vivienda para pagar un ingreso en un centro sociosanitario o para el ahorro en busca de una primera vivienda.
Los de Puigdemont hace ya tiempo que se desmarcaron de cualquier negociación, y se remiten a las propuestas planteadas en el Congreso. Y, como línea roja, dejaron claro que no piensan apoyar controles de precios: “Si presentan lo de siempre, tendrán el voto de siempre”, subrayaron a DEMÓCRATA fuentes de esta formación hace semanas.
Exigencias “asumibles” para Sumar
Las propuestas de Junts, defiende Sumar, son "asumibles". No las comparten plenamente, pero creen que es posible alcanzar un acuerdo en torno a este tipo de medidas y merecen la pena para poder sacar adelante el plan de choque.
Por ello, desde el socio minoritario vienen reclamando en los últimos días "generosidad" al PSOE a la hora de incorporarlas en el decreto-ley, incluyendo la exención prevista para el IVA franquiciado para autónomos con menor volumen de facturación, otra de las reclamaciones expresadas por Junts.
Y, al mismo tiempo, tener en cuenta que sin los votos de otros socios de izquierda, como Esquerra Republicana, Bildu o Podemos, la convalidación tampoco será posible.
Brecha en la protección contra los desahucios
Donde el acuerdo es más improbable es en las medidas de protección contra los desahucios, ya que Junts ha dejado claro en varias ocasiones que no aceptará ninguna moratoria, al entender que fomenta la ocupación ilegal de vivienda.
Podemos ya avanzó que no apoyaría un decreto-ley que no contuviera este tipo de medidas. Sin embargo, en el Gobierno confían que su voto en ese caso sería abstención, para no ser responsables de tumbar otras medidas que sí defienden, como la prórroga de los contratos o la regulación de alquileres de temporada.
¿Reforma de la Ley del Suelo?
El PSOE también persigue incluir medidas dirigidas a facilitar la tramitación de proyectos urbanísticos a través de una reforma de la Ley del Suelo. Estas medidas han sido llevadas a debate a la Cámara hasta en dos ocasiones, sin obtener el respaldo suficiente para superar la primera votación.
Y es que, además del rechazo de PP y Vox, tampoco fueron apoyadas por los socios de izquierda, por entender que podían vulnerarse determinados derechos de la ciudadanía a la hora de poder alegar contra planes urbanísticos.
El núcleo principal de la reforma pasaba por evitar que un error de procedimiento tumbe todo un plan urbanístico, habilitando subsanaciones o anulaciones parciales, y no nulidades en cascada. El PNV, partido con el que el PSOE pactó la reforma esta legislatura, exigió este mismo miércoles la inclusión de estas medidas en el decreto-ley.
No son los únicos que proponen medidas de este tipo. Entre sus peticiones, Junts incluyó incentivos a la construcción y a la rehabilitación, dirigidos a aumentar la oferta de vivienda.