QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La diputada socialista, María Dolores Renau, llevó por primera vez al Pleno el tema de la salud mental en abril de 1983 en una pregunta al también ministro socialista de Sanidad, Ernest Lluch.
«¿Podría informar sobre los proyectos que tiene su ministerio para la prevención y asistencia en el campo de la salud mental?», fue la cuestión planteada. Y estuvo precedida de una exposición con argumentos muy similares a los que cuarenta años después se han podido escuchar en el Congreso en la XIV Legislatura (2019-2023) en la que la salud mental ha cobrado especial protagonismo.
De vuelta a los años ochenta, Renau inició su intervención poniendo de relieve la poca importancia que se había otorgado previamente a esa cuestión. «Durante muchísimos años, la problemática de la salud mental ha sido considerada por la Administración como un problema de tercer, cuarto o quinto orden«, sentenció.
La diputada socialista también expuso la falta de recursos de la sanidad pública en esta materia lo que provocaba que «los tratamientos de mayor calidad» tuviesen que ser costeados por aquellas personas que «se lo podían permitir, a través de la práctica privada».
El ministro en su respuesta reconoció que teniendo presente la normativa vigente «la asistencia psiquiátrica no está per sé reconocida en la Seguridad Social, pero hay resquicios para poder ir avanzando». No obstante, Lluch habló de la salud mental como un tema muy importante, «lo demuestra el hecho de que haya diversas preguntas de distintos Grupos sobre el mismo (…) hoy he firmado la contestación a otra pregunta escrita del Grupo Popular», concluyó.
La salud mental en catástrofes
Del Grupo Popular era precisamente Ignacio Gil Lázaro, en la actualidad diputado por VOX, quien ese mismo año, y al cumplirse el primer aniversario de la rotura de la presa de Tous que dejó ocho fallecidos y centenares de heridos, preguntó al Gobierno si se había realizado algún estudio oficial sobre los riesgos para la salud mental de los pobladores de las zonas afectadas.
El Ejecutivo en una respuesta por escrito argumentó que la intervención especializada en el plano psicológico-psiquiátrico se enmarcaba dentro de las medidas posteriores a la catástrofe. De ahí que no se hubiese realizado «un estudio oficial sobre los riesgos para la salud mental de los pobladores de las zonas afectadas por las inundaciones de octubre de 1982».
Sin embargo, el Gobierno se mostró abierto al estudio de cuantas medidas le fuesen propuestas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma Valenciana para atender a la salud mental de la población.
Un problema social: el suicidio juvenil
Durante la década de los ochenta también se hicieron públicos datos de soldados muertos, heridos y desaparecidos durante la prestación del servicio militar, incluyendo el número de fallecidos por suicidio. Y en 1988 el ministro de Defensa, Narcís Serra, compareció en Comisión para abordar esta cuestión ante la pregunta del diputado del Centro Democrático y Social (CDS), Francisco Moldes.
Entre 1983 y 1988 se suicidaron 152 miembros del ejército, «o, lo que es lo mismo, cada mes se suicidan entre dos y tres soldados en la «mili»», apuntó Moldes. Quien también puso el foco en las condiciones de vida que la prestación del servicio militar, «el deshumanizado ambiente de bastantes de nuestros cuarteles y el casi nulo análisis de las condiciones por las que se declaran aptos para el servicio a muchos jóvenes, crean un caldo de cultivo que sirve para agudizar las crisis personales de estos soldados», señaló.
Una alusión que no gustó al ministro. «No hagamos apelaciones al deshumanizado ambiente del servicio militar. Estudiemos un problema que tiene la sociedad española: la elevada tasa de suicidios de nuestra juventud«, sentenció Serra en tono duro.
Miedo a mostrar interés personal
Ese mismo año, la diputada Pilar Salarrullana, de Democracia Cristiana, preguntó al ministro de Sanidad, Julián García Vargas, si tenían previsto elaborar un Plan de salud mental. El ministro rápidamente puntualizó que no tenían previsto un plan, pues » ya tenemos un Plan de salud mental que, además, se redactó a finales de 1986, como probablemente S. S. sepa».
Posteriormente, Salarrullana desarrolló la cuestión bajo la premisa del «interés -iba a decir personal, pero tratándose de la salud mental me da miedo decirlo; prefiero decir mi interés como Diputada por la salud mental de los españoles-«, que le suscitaban las conclusiones, súplicas, acuerdos y ruegos del Consejo Interterritorial de Sanidad, celebrado tres meses antes, sobre los problemas que se estaban produciendo.
García Vargas deseó en su réplica que «nadie de esta Cámara tenga que ser paciente de estos servicios» e informó que a lo largo de los últimos años se habían creado en todos los hospitales generales unidades psiquiátricas de agudos y unidades psiquiátricas de apoyo en los centros de atención primaria, con el objetivo de aliviar los servicios hospitalarios tradicionales.
