QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha dado el visto bueno al informe de la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental. Como ya ocurrió en Comisión donde Vox presentó voto particular, los diputados de la formación que lidera Santiago Abascal, han sido los únicos que no han votado a favor.
El informe pone de manifiesto el deber de los poderes públicos de promover y proteger la salud mental que se presenta como un derecho humano fundamental, y se plantea como una prioridad la necesidad de reformas en materia de política de Vivienda y Trabajo.
El texto es el resultado de los trabajos que se iniciaron en mayo de 2024 a propuesta del Grupo Popular y que han concluido en julio de este año. A lo largo de una decena de sesiones comparecieron entre otros, Belén González Callado, Comisionada de Salud Mental, Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo General del Trabajo Social.
La defensa en el Pleno ha corrido a cargo de Agustín Santos Maraver, diputado de Sumar y presidente de la subcomisión, que desde la tribuna ha hecho un repaso de las líneas generales.
Por su parte, Vox en el turno de la defensa de su voto particular, ha alegado que lo que tenían entre manos eran «palabras vacías y recomendaciones huecas». El PSOE y Sumar han pilotado este dictamen como quien pilota un barco a la deriva», ha afirmado su diputado David García Gomis, que ha apelado a que otro enfoque es posible: «Que hable de lazos familiares, y no de soledad impuesta, que hable de maternidad y paternidad, no de individualidad. La salud mental necesita familia, comunidad, pertenencia y fe».
En línea con la postura de su partido, García Gomis también ha cargado contra el sistema autonómico: «Son 18 murallas burocráticas y un país dividido en compartimentos estancos, nuca podrá dar una atención digna». No obstante, al igual que recoge el informe, ha reconocido la importancia de las políticas de Vivienda y Trabajo.
Conclusiones
El informe acordado por la mayoría concluye que la salud mental está determinada por la interacción compleja de factores individuales y de condiciones sociales, económicas, ambientales, entre otras, que «es necesario abordar estructuralmente».
Los menores, los ancianos y los presos, se consolidan como los principales grupos vulnerables que exigen una atención prioritaria. En concreto, la población penitenciaria se presenta como un colectivo en riesgo, consecuencia de la naturaleza de la vida en prisión, y se insta a la promoción de programas de rehabilitación psicosocial para aminorar el sufrimiento de las personas encarceladas. El informe también considera razonable estudiar las ventajas de la transferencia de las competencias de instituciones penitenciarias a las CCAA.
En lo que a las personas de la tercera edad se refiere, que además son las que mayor prevalencia de depresión no tratada registran, el grupo de trabajo de la subcomisión aboga por una humanización de los sistemas de institucionalización: que puedan decidir dónde y cómo desean vivir, promoviendo modelos de vida en comunidad que evite su aislamiento.
La prevención del suicidio es otra de las principales líneas de trabajo que se han abordado. En este sentido, se apela a la necesidad revisar la calidad en los procesos de notificación y registro de causas de muerte por suicidio a fin de realizar una correcta clasificación.
Por otro lado, se expone el trabajo como un mecanismo fundamental de inclusión de las personas con problemas de salud mental, a la par que se pone de manifiesto la repercusión que esta tiene en la salud laboral, entendida como «el bienestar físico, psíquico y social en relación con las características y riesgos del puesto de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en el entorno».
Otro aspecto a destacar es la alusión a la perspectiva de género como factor relevante a la hora de analizar los problemas de salud mental de la población.
Recomendaciones
En este punto, se insta al poder legislativo y ejecutivo a avanzar de forma prioritaria en políticas consideradas «determinantes» para la salud mental en materia de Vivienda y Trabajo.
En relación al primer punto, el texto sostiene que se necesitan políticas que favorezcan «el acceso a la vivienda, reduzcan la precariedad residencial y mejoren la seguridad habitacional». En lo que a la política laboral se refiere, se considera prioritario la reducción de la jornada laboral, la mejora de los salarios y la ampliación de los permisos de cuidados.
Precisamente, en esta línea se expresaron los sindicatos para defender el proyecto de ley del Gobierno para la reducción de jornada laboral, el registro de la misma y el derecho a la desconexión, que PP, Vox y Junts, frenaron en el Congreso la semana pasada.
Otra de las recomendaciones pasa por añadir más indicadores sobre salud mental en el repositorio de Indicadores Clave del Sistema Nacional relativos, por ejemplo, a trastornos mentales graves, factores de riesgo y tasas de discapacidad.
Al hilo de la identificación de los menores y los jóvenes como colectivo prioritario, el informe aconseja «promover el cuidado emocional» en centros educativos, adaptado a las diferentes etapas escolares y de formación profesional y universitaria. También se pone el foco en la prevención de problemas relacionados con la ciberadicción y el ciberacoso, y se apuesta por la creación de unidades específicas de atención a la salud mental infantojuvenil en todos los niveles asistenciales.
Además, figura como recomendación la regulación de la figura de los PESTOS (Psicólogos Especialistas Sin Titulación Oficial) que ejercen funciones clínicas, tutoriza residentes PIR y coordina servicios, a fin de darles encaje como profesionales y aprovechar su experiencia.
En legislaturas anteriores…
Con la aprobación de este informe, el Congreso aspira a escenificar el compromiso de los diputados y los partidos políticos con la salud mental. Una cuestión que ha adquirido gran protagonismo en los últimos años. Pero también resulta muy interesante recordar los términos y el contexto en el que la Cámara Baja acogió por primera vez un debate al respecto.
Era 1983 cuando la diputada socialista María Dolores Renau planteó la siguiente pregunta al ministro socialista de Sanidad, Ernest Lluch: «¿Podría informar sobre los proyectos que tiene su ministerio para la prevención y asistencia en el campo de la salud mental?».
El ministro en su respuesta reconoció que teniendo presente la normativa vigente «la asistencia psiquiátrica no está per sé reconocida en la Seguridad Social, pero hay resquicios para poder ir avanzando».
