Hoy, 18 de mayo, se aprueba por el Congreso de los Diputados esta ley, dado que se pidió su avocación al Pleno y por ello no resulta aprobada directamente en la Comisión con competencia legislativa plena.
Lo primero a destacar en esta Comisión de Economía es el magnífico ambiente que existe entre los grupos parlamentarios, por supuesto defendiendo cada cual sus ideas, pero manteniendo el máximo respeto en las intervenciones y un espíritu constructivo y negociador. Algo desde luego tendrá que ver la labor del presidente de la Comisión (Celso Delgado, del PP) y de la letrada de la Comisión (Mónica Moreno).
Además, el Ministerio de Economía y Transformación Digital entendió desde el primer momento la necesidad de negociar con los grupos parlamentarios a fin de mejorar un texto respecto del que el sector financiero (bancos, seguros y entidades de gestión de valores mobiliarios) señalaba que tenía defectos graves, sin que en ningún momento dicho sector se opusiese a la creación de esta Autoridad Independiente. Los altos cargos del Ministerio realizaron rondas informativas respecto a lo que iban a asumir de las propuestas de los grupos, e incluso en la reunión con Ciudadanos salieron adelante nuevas ideas para llegar a acuerdos. En este sentido, es justo también destacar el magnífico trabajo realizado por Pedro Casares, el portavoz del PSOE en la Comisión.
En fin, ya nos gustaría que el Gobierno tuviera el mismo talante en todas las leyes…
Considerábamos oportuna la creación de una autoridad única que centralizara los mecanismos de resolución de las desavenencias con los clientes
La identificación de los defectos más evidentes del texto propuesto por el Gobierno como proyecto de ley la llevó a cabo Rubén Manso, de Vox, mediante la presentación de una enmienda a la totalidad de devolución. No salió adelante. Ya entonces, desde la Tribuna del Congreso, puse de manifiesto en nombre de Ciudadanos que aunque íbamos a votar en contra de la devolución porque esta Ley era necesaria para proteger al cliente financiero. Sin embargo, coincidíamos en la mayor parte del diagnóstico que la enmienda hacía.
Coincidíamos en todas las críticas menos en una: considerábamos oportuna la creación de una autoridad única que centralizara los mecanismos de resolución de las desavenencias con los clientes mediante un sistema de resoluciones vinculantes en lugar de mantener los tres servicios de reclamaciones de los tres reguladores (Banco de España, Dirección General de Seguros y CNMV), reclamando, eso sí, al Gobierno que el personal de estos tres servicios nutriera la nueva Autoridad a fin de no incrementar excesivamente el gasto público.
Sobre estas ideas iniciales, se plantearon las enmiendas parciales al texto del Gobierno.
Empezaré por destacar los temas más relevantes donde los distintos grupos parlamentarios, entre ellos Ciudadanos, propusimos distintas soluciones que fueron finalmente aceptadas mediante enmiendas transaccionales por el Gobierno:
- La jurisdicción a la que acudir para recurrir la decisión de la Autoridad. El proyecto distinguía entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa según que la resolución fuera o no vinculante, lo que iba a causar una evidente inseguridad jurídica con la posibilidad de jurisprudencia contradictoria sobre las mismas materias. Igual que lo que sucedía con las decisiones de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) en materia de propiedad industrial, que el propio Ministerio de Justicia del PSOE corrigió, en 2022, remitiendo todas las pretensiones a la jurisdicción civil por tratarse de pretensiones entre particulares, aunque por en medio aparezca una autoridad administrativa. La objeción fue admitida en el sentido que demandábamos, creándose un procedimiento judicial por escrito a fin de no saturar el trabajo de la Abogacía del Estado en defensa de la Autoridad.
- La financiación del sistema mediante una tasa. El proyecto establecía en 250 euros por reclamación, cualquiera que fuera la cuantía de ésta y el sentido de la decisión de la Autoridad, sin acompañar ningún estudio económico sobre el coste de funcionamiento. Se crea un sistema de liquidación anual que supone que paguen más aquellas entidades cuyas reclamaciones se vean más asiduamente estimadas, o sea, que lo hagan peor con sus clientes.
- La posible inconstitucionalidad del arbitraje administrativo obligatorio, con el antecedente del establecido en su día en la Ley de Transportes. Debo resaltar el papel de Ciudadanos dado que en exclusiva propusimos —y fue aceptado— que se permitiera que la entidad financiera en caso de resolución vinculante estimatoria de las pretensiones del cliente pudiera acudir a la jurisdicción.
