QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La agenda judicial marcará una semana política decisiva para la estabilidad de la legislatura, pendiente de cómo reaccione Pedro Sánchez a la corrupción del ‘caso Koldo’. El ex ministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, acuden a declarar como imputados ante el Tribunal Supremo este lunes. Se les investiga por cobrar presuntas mordidas por el amaño de contratos y «enchufes» en empresas públicas dependientes de Transportes, entre otras irregularidades. En cuanto al ya ex diputado, Santos Cerdán, el juez que instruye el caso, Leopoldo Puente, decidió aplazar la declaración al próximo lunes día 30, ya en calidad de imputado.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional estudia la ley de Amnistía y espera aprobar una sentencia a finales de semana. Fuentes de la Mesa del Congreso de los Diputados aseguran a Demócrata que la actividad en los tribunales durante esta semana tendrá un impacto asegurado en la agenda parlamentaria.
«Caso Koldo»
Dos de las principales figuras de la presunta trama de corrupción que afecta al Partido Socialista desplegarán en sus declaraciones ante el juez sus estrategias de defensa. Una declaración que se produce a dos semanas de conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluye conversaciones de los exdirigentes del Partido Socialista y Koldo García.
El pasado viernes, la UCO entró en la sede madrileña de los socialistas en la calle Ferraz, así como en la sede del Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, en busca de correos electrónicos y documentación que pudieran ser relevantes para la investigación de la trama, respondiendo a un auto del juez donde requería a los agentes numerosas diligencias en las distintas sedes. En la socialista clonó el correo de Santos Cerdán y en Transportes el de José Luis Ábalos.
Desde el PSOE se hace énfasis en remarcar que lo ocurrido el pasado viernes no fue un registro policial. Una de las responsables interinas de la secretaría de organización del PSOE, Montse Mínguez, precisó que el operativo en Ferraz se sitúa en el marco de un «requerimiento de información». Preguntada en TVE por una posible financiación ilegal del partido, descartó cualquier posibilidad: «Estoy completamente segura, tenemos un partido socialista limpio», indicó.
En clave parlamentaria, el sindicato Hazte Oír ha interpuesto una denuncia contra Santos Cerdán por falso testimonio en la comisión de investigación del Senado sobre el «caso Koldo». En la querella, la asociación se ampara en el artículo 502.3 del Código Penal en el que, según cita textualmente, «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses». Exponen que mintió «a sabiendas y de forma reiterada en múltiples cuestiones relacionadas», con «el objetivo de entorpecer significativamente la reconstrucción de lo acontecido».
Sobre esta comisión, el Grupo Popular ha presentado una ampliación de los trabajos para citar a más de 50 nuevos comparecientes y repetir la declaración de otros 14. Entre ellos, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que dará cuenta de sus relaciones con los presuntos implicados en la red corrupta el próximo 9 de julio. Un día antes del Pleno en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá a sus socios parlamentarios en el Congreso sobre las informaciones conocidas sobre la trama.
Amnistía, a la espera
Mientras la agenda política pasará por el Supremo, la legislativa se concentra en el Tribunal Constitucional. El Pleno del organismo se prepara para aprobar la ley Amnistía definitivamente. Será un Pleno monográfico donde sus miembros se adentrarán de lleno en el estudio de la ponencia redactada por su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, para responder al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular. Está previsto que la ponencia avale lo esencial de la norma y la mayoría progresista apoye el borrador. El Pleno estará constituido por 10 de los 12 magistrados que lo forman habitualmente, con una mayoría progresista de 6 a 4. De esta forma, la sentencia podría llegar hacia el final de esta semana, según distintas fuentes jurídicas.
El debate, que estará organizado por bloques temáticos, comenzará con el análisis de la petición de los populares, del Senado y de los magistrados conservadores, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel. Estos últimos buscan que el Constitucional plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al entender que la amnistía no tendría encaje en el derecho comunitario.
En el anterior Pleno, se analizaron dichas peticiones pero para descartar que el Constitucional paralizara el debate sobre la amnistía a la espera de que el TJUE respondiera a las preguntas formuladas por otros tribunales españoles. Entonces, el cónclave emplazó a resolver el tema de fondo –si el TC planteará la suya propia– en el seno de las deliberaciones que arrancarán el lunes.
Ante la insistencia de los solicitantes –PP y Senado presentaron recursos de súplica–, Montalbán añadió un nuevo pasaje a la ponencia donde descarta que el TC pregunte a la corte de Luxemburgo alegando que la ley está «íntimamente relacionada con cuestiones políticas subyacentes (…) que son eminentemente nacionales».
Y, ¿la malversación?
Del escrito redactado por Montalbán, destaca que no se habla del delito de malversación. Fuentes jurídicas explican que no lo hace porque el PP no lo pidió y que, lo más probable, es que haya que esperar a los recursos de amparo de los líderes independentistas para que el TC se pronuncie sobre este extremo. Este punto es fundamental porque la interpretación que hizo el Supremo de este delito y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el procés es lo que ha impedido aplicar plenamente la amnistía al ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y al que fuera su ‘número dos’, Oriol Junqueras.
Esas mismas fuentes anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el ‘procés’, que llegan hasta 2031.
A la espera de los cónclaves
Mientras, PSOE y PP se encaminan hacia sus congresos. Los socialistas se reunirán el sábado 5 de julio en el Comité Federal. La cita ya estaba fechada antes del estallido del «caso Cerdán» y ahora deberán elegir a un nuevo cargo para la secretaría de Organización.
Por su parte, esa misma semana, los populares celebran su Congreso Nacional en Madrid. Alberto Núñez Feijóo será reelegido como presidente del partido aunque se esperan otros cambios en sus cuadros de dirección y el grupo parlamentario.
