La Junta de Castilla y León ha decidido no participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud que se celebrará este jueves, en protesta por la ‘postura de imposición constante y falta de diálogo’ que ha mantenido el Ministerio de Juventud e Infancia durante el proceso de distribución de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.
Así, Castilla y León muestra su rechazo al ‘intento de imposición’ por parte del Gobierno de España, que ha organizado una Conferencia Sectorial con una agenda ‘ilegal’, rechazada previamente por la mayoría en la Comisión Sectorial, tal como lo establecen las normativas de su operación.
Según un comunicado recogido por Europa Press, Isabel Blanco, vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha expresado su negativa a usar a los menores como ‘objetos de intercambio político’, enfatizando que deben ser tratados con dignidad y no como herramientas para ‘resolver las urgencias parlamentarias’.
Blanco también ha señalado que el Gobierno ha empleado a los menores como ‘escudo político’ y ha subrayado su compromiso con el bienestar del menor, no con los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además, ha criticado el plan de reparto propuesto por el Gobierno, acusándolo de provocar conflictos entre las comunidades al usar criterios ‘arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios’. Frente a esta situación, ha pedido respeto institucional y ha argumentado que no se puede gobernar por decreto, ‘sin escuchar a las autonomías y despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios’.