QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este viernes Bruselas volverá a debatir la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el territorio europeo. Después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español decidiese frenar la votación el pasado mes de mayo, la presidencia danesa del Consejo de la Unión lo ha incluido como un «intercambio de puntos de vista» para la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales.
Para que Exteriores logre la oficialidad de las tres lenguas, es necesaria la unanimidad en la mesa del Consejo, lo que significa que los 27 Estados miembros deben mostrarse favorables. Hace dos meses, ante las dudas de algunos países, España decidió retirar del orden del día la votación para seguir negociando. Distintas fuentes apuntan a que, durante aquella negociación, el Partido Popular presionó a sus socios europeos para posicionarse en contra de la medida.
Ahora, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares no llega con las manos vacías a esta nueva cita. La semana anterior, el Ministerio remitió a sus homólogos europeos un texto en el que se trasladaban distintos compromisos por parte del Ejecutivo nacional para agilizar las conversaciones. Entre ellos, la completa asunción del gasto que el reconocimiento de las lenguas en las instituciones comunitarias pueda suponer. Esto podría llegar a suponer, según estimaciones de los propios organismos europeos, hasta 132 millones de euros anuales.
En ese mismo escrito redactado por Exteriores, se abre la puerta a una implementación escalonada a partir de 2027. Este fue el modelo que se siguió cuando se acordó en 2007 la oficialidad del irlandés, la última lengua que ha alcanzado este estatus en el territorio europeo. En cualquier caso, la aplicación estará limitada a traducciones de ciertos textos legislativos, representando menos del 3 % de los actos jurídicos.
«O lo conseguimos, o habremos avanzando. Nadie se podrá esconder después de este viernes. Va a quedar claro que España ha negociado con todos los Estados», declaró el titular de Exteriores este mismo lunes.
¿Cómo justificarlo?
Algunos Estados mostraron sus reticencias a la propuesta española ante el hecho de que pudiera sentar precedente para reconocer otras lenguas empleadas en territorios europeos, como es el caso del ruso en Letonia y Estonia. Por ello, España defiende que el catalán, el euskera y el gallego ya gozan de oficialidad en sus respectivas comunidades autónomas, lo que vendría a representar en torno a 20 millones de ciudadanos europeos.
Además, sostienen que la propia Constitución Española las reconoce como tales. Así y todo, Exteriores recuerda que en el Congreso de los Diputados y en el Senado ya se hace uso de ellas. Para esquivar abrir una práctica en la Unión Europea, los de Albares establecen unos criterios que pasan por el origen histórico de las lenguas, su aplicación en la legislación y su manejo en distintas comunicaciones de la Comisión Europea.
«Los 20 millones de ciudadanos europeos que viven en territorios donde estas lenguas son oficiales al mismo nivel que el español merecen el mismo reconocimiento que los demás ciudadanos de la UE con más de una lengua oficial», versa el texto remitido por el Ministerio.
¿Cuál es la situación actual?
En lo que respecta al catalán, la Comisión Europea ya lo utiliza como lengua de comunicación con los ciudadanos a través de su Representación en Barcelona. Sin embargo, la situación es distinta a la de las veinticuatro lenguas oficiales con las que cuenta la Unión. Junto con el euskera y el gallego, se emplean en comunicaciones escritas entre las instituciones europeas y los españoles.
Esta decisión se fundamenta en las conclusiones del Consejo del 13 de junio de 2005 sobre el uso de otras lenguas oficiales por parte de las instituciones y organismos de la UE. Según lo establecido en el acuerdo administrativo firmado el 21 de diciembre de 2005 entre la Comisión Europea y el Reino de España, los ciudadanos que deseen comunicarse en catalán con la Comisión deben hacerlo a través del organismo designado por la legislación española. En la actualidad, esta función la desempeña la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Las comunicaciones pueden enviarse tanto por correo electrónico como postal.
En el año 2000, los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea proclamaron en Niza la Carta de los Derechos Fundamentales. Este documento recoge, entre otros principios, el compromiso de la UE con la pluralidad cultural, religiosa y lingüística, como se expresa en su artículo 22. Asimismo, el artículo 21 establece una prohibición clara contra cualquier forma de discriminación, incluyendo la que se base en la lengua. Estas garantías no se limitan únicamente a los idiomas oficiales de la Unión, sino que también amparan a otras lenguas habladas dentro de su ámbito geográfico.
¿De dónde surge la propuesta?
Fue el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya quien puso encima de la mesa el reconocimiento del catalán en la UE como requisito para respaldar la candidatura de Francina Armengol para presidir el Congreso de los Diputados. Tras el estallido del caso «Cerdán», la portavoz del grupo, Miriam Nogueras, y el secretario general de la formación, Jordi Turull, reafirmaron su exigencia al Gobierno para seguir manteniendo su apoyo.
