La llegada de Bad Bunny a Madrid con una decena de conciertos en el estadio Metropolitano ha desatado un conflicto vecinal que ha escalado hasta el Defensor del Pueblo.
La gira, con actuaciones previstas entre finales de mayo y mediados de junio en el Riyadh Air Metropolitano, ha intensificado las protestas de los residentes del barrio de Las Musas–Las Rosas, que denuncian un “aumento exponencial” de las molestias derivadas de los grandes eventos.
Ruido, tráfico y saturación del barrio
Los vecinos aseguran que cada concierto se traduce en calles cortadas, atascos, suciedad y niveles de ruido elevados, una situación que, según denuncian, se repite tanto en eventos deportivos como musicales.
La Asociación Vecinal Las Musas–Las Rosas advierte de que el problema se ha agravado en los últimos meses, en parte por el traslado de conciertos desde el Estadio Santiago Bernabéu, donde se han limitado este tipo de espectáculos.
El conflicto llega al Defensor del Pueblo
Ante la falta de soluciones, la asociación vecinal presentó una queja formal que ha sido admitida a trámite por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha solicitado información al Ayuntamiento de Madrid.
Los vecinos sostienen que la Administración ha ignorado durante años sus denuncias, pese a la existencia de informes que, según aseguran, acreditan niveles de ruido por encima de los límites legales.
Un estadio sin licencia permanente para conciertos
Uno de los puntos clave del conflicto es que el Metropolitano no cuenta con una licencia permanente para espectáculos no deportivos, por lo que cada concierto requiere autorizaciones extraordinarias del Ayuntamiento basadas en el “interés general y cultural”.
Este argumento es rechazado por los vecinos, que critican que sus derechos queden relegados: consideran que ese “interés general” no está teniendo en cuenta el impacto directo sobre quienes viven en la zona.
Más allá del ruido, los residentes denuncian un deterioro general de su día a día: bloqueo de accesos a viviendas, falta de aparcamiento, saturación del tráfico y ocupación intensiva del espacio público.
También alertan de que el barrio no está preparado para asumir la afluencia de decenas de miles de personas, lo que podría generar problemas de seguridad en caso de emergencia. Amparándose en derechos constitucionales como la salud y el medio ambiente, la asociación vecinal reclama medidas concretas: desde reducciones de aforo o restricciones de tráfico, hasta la instalación de medidores de ruido y la mejora del transporte público.
Incluso plantean la posibilidad de un cierre cautelar del estadio si no se corrigen las deficiencias detectadas.