QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Congreso de los Diputados ha cerrado el plazo de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de menores en entornos digitales con la esperanza de elevar un dictamen a Pleno antes de finalizar el año. Sin embargo, Junts amenaza no solo los tiempos, sino también la iniciativa.
La ruptura anunciada por Carles Puigdemont afecta en concreto a esta propuesta, pues no integra la lista de cinco a las que garantizaron que facilitarían su tramitación. Para más inri, se trata de una ley Órgánica, por lo que requerirá mayoría absoluta para su aprobación y, con el descuelgue de Junts del bloque de investidura, las cuentas no salen. La suma de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto José Luis Ábalos (que suele mantener la disciplina de voto), Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un montante de 172. Faltarían cuatro votos de difícil cosecha salvo equívoco de señorías de PP, Vox y UPN.
Los grupos parlamentarios pueden apurar hasta este miércoles para registrar sus respectivas enmiendas, tras lo cual, se constituirá la ponencia y comenzarán los trabajos para elaborar un informe que será elevado a la Comisión de Justicia para emitir dictamen. La idea del PSOE es despachar el asunto a la mayor celeridad posible. El único Pleno disponible antes de que acabe el año es el del 9-11 de diciembre, ya que a la siguiente, por ser víspera de elecciones en Extremadura, no habrá sesión plenaria.
Una demora para templar ánimos
El Ejecutivo quería haber cerrado el plazo de enmiendas hace dos semanas, pero tuvieron que dar más tiempo a los grupos parlamentarios para que pudieran analizar convenientemente la ingente cantidad de enmiendas propuestas por un sector agitado.
La industria ha mantenido diversas reuniones con los grupos del arco parlamentario a fin y efecto de trasladarle sus inquietudes. Don son los ejes que vertebran sus demandas: el etiquetado de productos tecnológicos y sobre quién recae la responsabilidad del control parental, si sobre los fabricantes o sobre los proveedores.
El problema del etiquetado
El proyecto de ley establece la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje, como en el manual de instrucciones.
El sector es muy reticente a esta medida y, según ha podido saber Demócrata, está presionando para eliminar la obligatoriedad del etiquetado o, al menos, rebajarla.
La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC), que representa a las principales empresas de proveedores de servicios digitales, fabricantes y comercializadoras de dispositivos y equipos, apuesta por la supresión.
Alegan que generaría inseguridad jurídica ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico ya que dependen de factores individuales.
Como solución alternativa, AMETIC propone que se pueda informar en la página web o en un formato digital fácilmente accesible para, entre otras cosas, reducir el impacto ambiental al disminuir el uso de papel (manuales y etiquetas) y tintas. Sugieren, también, que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen los conjuntos de información para que sean uniformes, independientemente del fabricante.
De su lado, la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, patronal que reúne a las empresas líderes en telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, apuesta por garantizar la correcta clasificación y etiquetado de los contenidos para adultos por parte de quienes los alojan en sus webs y plataformas (también de los intermediarios).
El pulso entre fabricantes y proveedores
El consenso político es que exista una suerte de control parental en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. Según ha podido saber Demócrata, ni siquiera existe un criterio común entre las principales patronales digitales (AMETIC, DigitalES y Adigital). Incluso, hay diferentes sensibilidades dentro de una misma patronal.
Prueba de ello es que, en las enmiendas entregadas por AMETIC, que representa a las principales empresas de proveedores de servicios digitales, fabricantes y comercializadoras de dispositivos y equipos, a las que ha tenido acceso Demócrata, se apuesta por dos frentes de trabajo diferenciados.
Uno, opta por la supresión completa del artículo 4, es decir, de las obligaciones a fabricantes. Otro, por descafeinar cada uno de sus preceptos de forma individual.
Así las cosas, entre las cuestiones que piden rebajar, se encuentra que el pin parental no esté activado por defecto sino que se tenga que configurar al arrancar el dispositivo; que solo se aplique la normativa a los teléfonos móviles y no a tablets, ordenadores o televisores inteligentes; y que se elimine la obligatoriedad de información del etiquetado.
De su lado, la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, patronal que reúne a las empresas líderes en telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, apuesta por que los desarrolladores de software, plataformas y redes sociales sean los que asuman la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso.
Además, proponen medidas como impulsar el control parental; fomentar la supervisión activa por parte de padres, madres y tutores; que las páginas web que generen o gestionen estos contenidos incorporen sistemas efectivos de verificación de edad; y promover campañas de sensibilización y educación digital.
Todos los actores, políticos y sectoriales, coinciden en la imperiosa necesidad de proteger a la infancia de riesgos. Las preguntas a resolver son cuándo se hará -si es que prospera-, cómo y quién asume tamaña responsabilidad; y eso es precisamente lo que se dirimirá próximamente.
