QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución. Sin embargo, los exigentes requisitos que prevé la Carta Magna (un suelo de 500.000 firmas) y la falta de respaldo o acuerdo político en las causas que plantean suelen llevar a las iniciativas al «congelador», cuando, en el mejor de los casos han logrado alcanzar la tramitación parlamentaria. Como prueba de ello, el rechazo de hoy de la Cámara Baja a la iniciativa para derogar precisamente lo que otra ILP logró: blindar la tauromaquia como patrimonio cultural.
La proposición impulsada bajo el lema #NoEsMiCultura no ha superado el inicio del trámite: 169 votos en contra, 118 abstenciones y 57 votos a favor. PP, Vox y UPN se han situado en el no, mientras que el PSOE se ha abstenido. Solo Sumar, EH Bildu, PNV, ERC y Junts han votado a favor.
La ILP debatida en este pleno no solo pretendía dejar sin efectos la otra, sino que además se servía de ella para argumentarlo. La norma aprobada en 2013, reconoce que «la fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares están sujetos a constante evolución, sin que se puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades cambiantes». A juicio de la comisión promotora, dicha evolución se ha plasmado en un notable descenso del número de espectáculos taurinos.
Con la declaración como patrimonio cultural se consagró una protección estatal que obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia como manifestación artística y tradicional. Además, aunque las comunidades autónomas mantienen competencias en materia de espectáculos públicos, el Estado puede coordinar y fomentar la actividad taurina. Precisamente fue una decisión de una CCAA, Cataluña, la que propició que 590.000 personas firmaran a favor de la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural.
En legislaturas pasadas…
Era 2010 cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la prohibición de las corridas de toros a partir de 2012. La decisión generó un fuerte debate nacional sobre si la tauromaquia debía considerarse parte de la identidad y cultura españolas o una práctica que debía abolirse por razones éticas y de bienestar animal. En respuesta, varios sectores taurinos (entre ellos la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y la Fundación Toro de Lidia) impulsaron una ILP para proteger la tauromaquia a nivel estatal.
El tema resultaba tan espinoso que el PSOE dio libertad a sus parlamentarios, la mayoría de los cuales se abstuvieron. En la toma de consideración en el Congreso, la ILP logró 180 votos a favor, 40 en contra y 107 abstenciones.
Durante el último debate en el Senado que precedió su publicación en el BOE, el senador del Partido Popular, Sebastián Ruiz, defendió la tauromaquia como «arte nacional y popular por excelencia, base del desarrollo de la sociedad española con un importante impacto cultural e industrial, pues realza la economía española a base de generar empleo y riqueza, y que es sinónimo de biodiversidad y ecología».
Por su parte, el senador del PSOE, Jesús Martín, censuró la iniciativa del Gobierno por considerarla «totalmente distante a la ILP inicial», una ley «innecesaria» en los tiempos actuales, que busca «posicionar a los españoles y enfrentarlos», y ante la cual su grupo parlamentario optaría por mantenerse neutral bajo el principio del «vive y deja vivir».
