QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con 346 votos emitidos, 171 a favor, 168 en contra y 7 abstenciones, la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha superado la toma en consideración. La iniciativa del PP ha contado con los «síes» de PP y Vox y la abstención de Junts.
En España, el control de los datos de carácter personal es asumida por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las agencias autonómicas (donde las haya), aunque hay una excepción: los datos personales que son objeto de tratamiento por parte de los jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones. Para este fin se creó en 2018 la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, que en 2024 fue objeto de reforma vía Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Para el PP, las novedades que introdujo la norma impulsada por Félix Bolaños, suprimen la independencia de esta Unidad y son contrarias al marco normativo europeo. Denuncian, que el control, en lugar de recaer en un jurista que tenga conocimiento sobre la materia, recae en un fiscal en servicio activo y por el mismo procedimiento previsto para el resto de los cargos discrecionales. «Es decir, que lo nombra el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado», reza la exposición de motivos.
En este sentido, la PL busca que el titular sea nombrado por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal, no por el Gobierno ni el Fiscal General del Estado.; que el puesto recaiga en juristas de reconocida competencia, con al menos quince años de experiencia y formación acreditada en protección de datos; por un mandato de cinco años, no renovable, y solo cesable por incapacidad o incumplimiento grave.
Del Consejo de Ministros al Pleno
En defensa de la iniciativa ha tomado la palabra Cuca Gamarra (PP), que ha dedicado los primeros compases de su intervención a cargar contra la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el proyecto de ley de reforma de la Ley LeCrim: «Es un paso crucial en la estrategia de asalto a la Justicia». «Sánchez ha dado orden de limpiar sin límites las evidencias de su corrupción», ha reiterado.
En lo que al orden del día se refiere, y la PL en cuestión, Gamarra ha afirmado que no era una propuesta «de parte», sino «de país». Con esta proposición, el Grupo Popular buscaba «revertir» los efectos de la ley de Eficiencia de Justicia y enviar un mensaje «claro» a la ciudadanía: «La mayoría de sus representantes defienden la legalidad frente al abuso».
Junts «estrena» la oposición
En el día después de que la Ejecutiva de Junts tomara la decisión de romper su relación con el PSOE, el tono de sus diputados hacia la bancada socialista se ha endurecido. Desde la tribuna, Josep Pagès i Massó, ha compartido el fondo de la iniciativa del PP y ha asegurado que la reforma que introdujo Bolaños implica «un retroceso de los principios de independencia». Además, ha denunciado el uso «instrumental» de la Fiscalía que hace el Gobierno y ha puesto como ejemplo los casos de la trama rusa del procés o contra la Sindicatura Electoral.
Aunque el diputado catalán ha defendido que es razonable la derogación de la disposición que pide el PP, Pagès i Massó también ha sido muy crítico con el Grupo Popular. «Las iniciativas del PP en matera de justicia, en teoría, defienden el Estado de derecho, pero ustedes son los responsables del uso partidista de todas las instituciones democráticas», ha sentenciado.
«No nos creemos su gesticulación, son unos impostores», y no lo hacen, ha insistido el representante de Junts, porque están convencidos de que si el PP estuviera en el poder, «seguro que les parecería perfecto» la norma.
Junts, al igual que el PNV, también ha reprochado a la bancada popular que no llevarán ante el Tribunal Constitucional esta cuestión, si tan «ilegal» consideraban la reforma.
Por su parte, Francisco Aranda Vargas (PSOE) ha tildado de «instrumental» la PL a debate y ha argumentado que la iniciativa es un ejemplo más de la «obsesión» del PP por el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz.
Cabe señala que paralelamente el PP tiene en fase de enmiendas una propuesta de idénticos términos, a la que se ha tomado en consideración, que fue remitida por el Senado. Los populares hicieron valer su mayoría en la Cámara Alta para sacar adelante esta PL que ahora, según denuncian, es víctima del «congelador» de Armengol. La norma llegó al Congreso el pasado mes de marzo y desde entonces acumula 22 prórrogas.
