QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Martes 14 de marzo. Esa es la fecha marcada en rojo en el calendario para dilucidar el destino de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Mordaza. La Comisión de Interior ha sido convocada y, en el orden del día, figura el dictamen. “Tendremos que tomar una decisión entonces, pero nada ha cambiado, así que casi seguro que el dictamen caerá”, anticipan fuentes de los socios del Gobierno consultadas por Demócrata.
Tal y como adelantamos, la pasada semana se produjeron los primeros contactos desde que la ley encallara en la fase de ponencia. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) finalmente cedió y, en pos de dejar abierta la puerta a seguir negociando, facilitó que el informe de la ponencia fuera elevado a la comisión. El dictamen definitivo se aborda el próximo martes y se requiere de mayoría simple (más síes que noes) para que el hemiciclo pueda debatirlo y votarlo. Pero no hay acuerdo. Los aliados parlamentarios de la coalición, ERC y EH Bildu, insisten en que la propuesta moldeada por el Grupo Socialista y que atesora el beneplácito de Unidas Podemos es muy descafeinada y “no participaremos de una suerte de ley Mordaza light”.
“Todo está bloqueado”, apunta un diputado de la izquierda abertzale. Un extremo que el Grupo Republicano confirma. Los contactos de la semana pasada, que se han reeditado en esta, han servido para clarificar que no hay posibilidad de acuerdo si las posiciones no se mueven; y el PSOE no se ha movido ni un ápice. Los puntos de fricción siguen siendo los mismos: el uso de las pelotas de goma, que los socios abogan por prohibir pero los socialistas rehúsan hacerlo; el artículo 37.4, relativo a las faltas de respeto a la autoridad; el 36.6, que refiere el concepto de desobediencia; y las devoluciones en caliente avaladas por el régimen especial de Ceuta y Melilla. “No estaba todo totalmente paralizado, hemos seguido hablando estos días, pero los escollos de siempre siguen ahí”, zanja una diputada de Esquerra en declaraciones a Demócrata.
Según fuentes conocedoras de las conversaciones, el Grupo Socialista ha realizado “algunas propuestas”, pero la izquierda abertzale y el republicanismo catalán entienden que “no son suficientemente contundentes para quitar la Mordaza”. El punto donde sí está habiendo algunos avances es en el 36.6. “Nos estamos acercando a un entendimiento”, dicen; pero en el resto, nada. Con todo, el diálogo “va a continuar estos días”.
Un PSOE insistente
Sin los socios, el dictamen de la reforma de Mordaza caerá en comisión y no podrá elevarse al pleno. De ocurrir, no se modificará la ley de Seguridad Ciudadana en esta legislatura, a pesar de ser uno de los principales compromisos del Gobierno, tanto del ala socialista como de la facción morada. Es por ello por lo que ambos percuten para que no decaiga. “Nosotros buscamos que salga. El grupo parlamentario está trabajando en ello y esperamos que el resto esté a la altura, que tenemos ya el 98% acordado”, esgrimen desde el PSOE.
Para esquivar el bloqueo, los socialistas han planteado abordar el asunto de las pelotas de goma en el articulado que regula las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no en Mordaza. Asimismo, apuestan por dejar al margen la disposición adicional que recoge un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual “los extranjeros” detectados en la línea fronteriza que tratan de “superar los elementos de contención fronterizo” pueden “ser rechazados” a fin de “impedir su entrada ilegal en España”. El PSOE esperaba que los socios aceptaran tratar este punto en la Ley de Extranjería para extirparla del debate, pero tanto ERC como Bildu se niegan porque no hay visos de ser modificada en lo que resta de legislatura.
En cuanto a las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia, los socialistas han mostrado menos interés en reformarlas, lo que ha encendido las alarmas de los socios, que lamentan que esos dos puntos suponen del orden del 70% de las multas a los ciudadanos. ERC y EH Bildu alegan que es de imperiosa necesidad objetivar los hechos constitutivos de falta de respeto ya que, la vigente legislación, deja mucho margen para la interpretación: “Ya no un insulto o una injuria, un agente te puede acusar por una mirada, un tono de voz, una camiseta o un pin”, aquejan fuentes de la izquierda abertzale. Insisten en que los socialistas han modificado la literatura de ese artículo en concreto, pero “no es suficiente” porque continúa habiendo margen para la interpretación de los agentes.
Hitos insuficientes
Los dos últimos grandes avances del bloque de la investidura han sido los acuerdos rubricados en el marco de la responsabilidad de los manifestaciones y la elaboración de un nuevo modelo de sanciones. Con respecto a la responsabilidad de las manifestaciones, los hechos imputables no descansarán sobre los hombros de aquel que figure como impulsor de la concentración.
Con el nuevo modelo generalizado de multas en función de ingresos, se estipularon rebajas del 50% para los sancionados que cobren 1,5 veces el Salario Mínimo y del 25% para los que ingresen entre 1,5 y 2,5. Incluso, podría suspenderse la multa previo acto de conciliación. También se despenalizó la difusión de imágenes de agentes con salvedades: que se ponga en riesgo su seguridad o la de sus familiares, que afecte a operaciones en curso o desvele instalaciones estratégicas.
Asimismo, se pactó la rebaja de multas. Para las infracciones leves la multa mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima pasará de 600 a 500; las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (en lugar de los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000. La cuantía máxima en este último caso no se altera porque está prevista para supuestos «muy concretos de alteraciones en espectáculos deportivos o culturales”.
El PP cree que sí cerrarán un acuerdo
Aunque pintan bastos para la reforma, el Partido Popular insiste en agitar la idea de que habrá quórum. La diputada popular que integra la comisión de Interior, Ana Vázquez Blanco, escribió en su cuenta oficial de Twitter que “PSOE, Podemos, Bildu y ERC aprobarán la reforma de la Ley de In- Seguridad Ciudadana en la Comisión de Interior», lo que supondría “otra traición más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para Sánchez mantenerse en el poder”.
Su partido, como es lógico dado que la ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, está diametralmente en contra. De hecho, los populares tuvieron representación en la manifestación convocada el pasado sábado bajo el lema Por una España más segura, en contra de la reforma. La plataforma Jusapol comandó la concentración en la que estuvo el vicesecretario de Institucional y portavoz del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, quien lamentó que “es una ley del Gobierno de coalición, o del gobierno de colisión, para preparar la calle, para enfrentarse al PP, cuando el PP sea Gobierno”.
También asistieron Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, y Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. El primero de ellos se deshizo en halagos hacia la concentración, tildándola como “el evento de la dignidad”, mientras que el naranja, en sintonía, refirió que apoyar la protesta “es una obligación moral” porque el Gobierno está “criminalizando a la Policía”. Huelga decir que ninguno de estos partidos facilitará en comisión la aprobación del dictamen.
