QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La propuesta más reciente del Ministerio de Hacienda para actualizar el sistema de financiación autonómica fue presentada hace cuatro años, durante la legislatura anterior, y proponía un nuevo esquema fundamentado en la población ajustada. Este modelo, que buscaba atender las demandas de las regiones ‘infrafinanciadas’ como Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, finalmente no prosperó.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó este lunes a las comunidades autónomas sobre su plan de introducir un renovado modelo de financiación en un plazo de dos meses, aunque sin detallar aún las características específicas del mismo, mencionando solo la inclusión de enfoques multilaterales y bilaterales.
No obstante, ya se había presentado una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que no llegó a implementarse. Actualmente, se desconoce si Hacienda retomará aquella propuesta o si optará por un enfoque diferente.
Las comunidades autónomas y el Gobierno han indicado que el nuevo modelo de financiación autonómica traerá cambios importantes. Incluso, se contempla eliminar las entregas a cuenta en los próximos años, un elemento central del sistema actual, y se deberá integrar también la ‘singularidad catalana’ acordada entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Salvador Illa.
DIFERENTES CRITERIOS
El debate sobre el modelo de financiación autonómica siempre ha generado distintas perspectivas territoriales, con comunidades que prefieren considerar la dispersión territorial y otras que favorecen la población ajustada o el PIB.
Las llamadas comunidades ‘infrafinanciadas’ llevan tiempo reclamando la creación de un fondo de nivelación transitorio hasta que se reforme el modelo de financiación autonómica.
Finalmente, el Gobierno recalca que cualquier acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica debe alcanzar un consenso entre las dos principales formaciones nacionales, lo que implica un acuerdo entre PSOE y PP. Desde el Ejecutivo se está presionando al liderazgo nacional del PP para que unifique una postura en la negociación de este modelo, considerando las distintas demandas de sus ‘barones’ territoriales.
