QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Día D de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como ‘Mordaza’, ha llegado. La comisión de Interior debate y vota este martes el dictamen emitido por la ponencia para decidir si elevarlo al Pleno del Congreso o condenar el articulado. El Gobierno acude a la reunión, que empezará a las 09:30 horas, sin acuerdo con sus socios habituales, a saber, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu. Existen cuatro puntos de fricción que, a día de hoy, imposibilitan el acuerdo. Las partes apuran las negociaciones y los socialistas hacen sus cuentas.
La comisión está formada por 37 diputados. El Grupo Socialista tiene 13, el PP nueve, Vox cinco, Unidas Podemos cuatro, uno del PNV, uno de Ciudadanos, ERC y EH Bildu atesoran uno cada uno, Junts tiene uno también y UPN, otro. Para elevar el dictamen definitivo al pleno se requiere mayoría simple, esto es, más síes que noes. Ábaco en mano, el PSOE cuenta con sus 13, los cuatro del espacio confederal y el jeltzale. En total, 18. Enfrente, los 17 resultantes de sumar PP, Vox, Ciudadanos, Junts y UPN. Todos ellos ya han confirmado su rechazo a la reforma de Mordaza, de manera que Esquerra y la izquierda abertzale tienen la llave.
Moncloa necesita que, al menos, ambos se abstengan, ya que el empate no es suficiente. Si uno de ellos vota en contra, la abstención del otro ya no valdría, puesto que el marcador sería de 18 a 18 más una abstención y, en caso de empate, decae. En consecuencia, si uno vota en contra, el otro ha de hacerlo favorablemente.
El dictamen pasaría a Pleno si: -Si los dos votan a favor. -ERC y EH Bildu se abstienen. -Si uno de los dos vota a favor.
¿Posibilidades?
“Si no hemos llegado a un acuerdo en 12 meses, lo vemos complicado en pocas horas”. Esta frase la han repetido de forma prácticamente idéntica ambas partes, la socialista y sus socios. Pese a ser, según el Grupo Socialista, una de las leyes “que más hemos trabajado”, el acuerdo se antoja lejano por cuatro artículos en concreto: el uso de las pelotas de goma, que los socios abogan por prohibir pero los socialistas rehúsan hacerlo; el artículo 37.4, relativo a las faltas de respeto a la autoridad; el 36.6, que refiere el concepto de desobediencia; y las devoluciones en caliente avaladas por el régimen especial de Ceuta y Melilla.
Para desbloquear las conversaciones, los socialistas han hecho varias ofertas en las últimas semanas. Han planteado incorporar una disposición para comprometer al Gobierno a estudiar y revisar todos los materiales antidisturbios que pudieran emplearse. En ese análisis, podrían participar colectivos y la sociedad civil. Sin embargo, según el PSOE, ERC y EH Bildu se han enrocado en exigir que se haga mención explícita a las pelotas de goma. “No hacemos referencia literal porque puede cambiar el material, y de pelotas de goma pasamos a, qué se yo, caucho. ¿Por qué tenemos que hacer una mención expresa a algo? Estamos ofreciendo más de lo que piden” razonan los socialistas.
Con respecto a las devoluciones en caliente, apuestan por dejar al margen la disposición adicional que recoge un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual “los extranjeros” detectados en la línea fronteriza que tratan de “superar los elementos de contención fronterizo” pueden “ser rechazados” a fin de “impedir su entrada ilegal en España”. El PSOE esperaba que los socios aceptaran tratar este punto en la Ley de Extranjería para extirparla del debate, pero tanto ERC como Bildu se niegan porque no hay visos de ser modificada en lo que resta de legislatura.
En cuanto a las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia, los socialistas han mostrado menos interés en reformarlas, lo que ha encendido las alarmas de los socios, que lamentan que esos dos puntos suponen del orden del 70% de las multas a los ciudadanos. ERC y EH Bildu alegan que es de imperiosa necesidad objetivar los hechos constitutivos de falta de respeto ya que, la vigente legislación, deja mucho margen para la interpretación: “Ya no un insulto o una injuria, un agente te puede acusar por una mirada, un tono de voz, una camiseta o un pin”, aquejan fuentes de la izquierda abertzale. Insisten en que los socialistas han modificado la literatura de ese artículo en concreto, pero “no es suficiente” porque continúa habiendo margen para la interpretación de los agentes.
“Por cuatro artículos…”
Fuentes del PSOE, ante la posibilidad de que decaiga, comienzan a sacudirse la responsabilidad. Recuerdan que la reforma, aunque sí es un compromiso que adquirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es suya, sino del PNV. “La hemos asumido y hemos hecho un esfuerzo desde nuestra posición inicial. Hemos intentado llegar a acuerdos con todos los grupos y, de hecho, a excepción de cuatro o cinco, todas nuestras enmiendas son transaccionadas. Hemos sido muy generosos”, abundan.
El socio mayoritario de la coalición de Gobierno atribuye a las diferentes perspectivas que tienen PSOE y ERC o EH Bildu sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pese a las profundas diferencias, el informe acordado en la ponencia consideran que es lo suficientemente ambicioso como para equilibrar la balanza entre la protección de la ciudadanía y la seguridad de los agentes. Se ha trabajado, incluso, con un diccionario de sinónimos en la mesa para ser cuidadosos y precisos y, con todo, “por cuatro artículos en los que no hay acuerdo, puede decaer todo…”, lamentan.
El margen para el quórum es muy limitado, admiten las partes. Desde el Grupo Socialista señalan que el porvenir de la reforma dependerá de la voluntad de ERC y EH Bildu para permitir el avance del dictamen. En caso de que, finalmente, el dictamen supere la votación, iría al Pleno del Congreso en siete o quince días a lo sumo, por lo que quedaría despachada antes de Semana Santa.
