QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Diputación Permanente del Congreso votará el próximo miércoles 26 de julio, tres días después de las elecciones generales, el último decreto-ley aprobado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Es el único punto previsto en el orden del día de una sesión que está prevista para las 9,00 horas.
El decreto-ley fue aprobado en el Consejo de Ministros el 27 de junio y publicado en el Boletín Oficial del Estado dos días después. A partir de su promulgación debe ser sometido a debate y votación en el Congreso en el plazo de treinta días. Al estar las Cortes disueltas por la convocatoria anticipada de elecciones, será la Diputación Permanente el órgano que examinará el decreto para su convalidación o, en caso de no recibir apoyos suficientes, su derogación.
El Gobierno aprobó el decreto-ley para prorrogar buena parte de las medidas económicas aprobadas como consecuencia de la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, como la rebaja del IVA a alimentos básicos, las bonificaciones en los abonos de transporte público o el descuento al gasóleo para los transportistas. También las medidas económicas aprobadas para la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán, rebajas en la factura eléctrica a la gran industria o medidas contra los desahucios. Aquí puedes consultar las medidas aprobadas.
Sin embargo, el Ejecutivo aprovechó la oportunidad para incluir medidas que habían quedado pendientes al decaer proyectos de ley por la disolución anticipada de las Cortes. Es el caso de los permisos retribuidos de la Ley de Familias, el reconocimiento del derecho al olvido oncológico (registrado como enmienda en la Ley de servicios de atención a la clientela) o la flexibilización del acceso a fondos públicos por parte de empresas que incumplan los plazos legales de pago (Autoridad de Defensas del Cliente Financiero).
Por otro lado, el Gobierno reformó con el decreto – ley la normativa del taxi y de las VTC, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el límite de 1/30; aprobó una línea de avales ICO para la compra de vivienda por jóvenes y familias con menores a cargo, una deducción en el IRPF por la compra de vehículo eléctrico nuevo, y facilidades para aumentar la instalación de puntos de recarga.
También aprovechó para trasponer la Directiva europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y aprobó varias medidas que habían quedado sin ver la luz de la fallida Ley de eficiencia procesal en los servicios de Justicia.
