QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha anunciado que para el año 2025 el Gobierno eliminará la tasa de reposición de funcionarios. A lo largo del 2024 negociará con los agentes sociales para diseñar un nuevo modelo con el propósito de ampliar la plantilla y rejuvenecerla. En los próximos meses también presentará una reforma de la ley de Procedimiento Administrativo Común para eliminar la obligatoriedad de las citas previas y se creará una Agencia para evaluar las políticas públicas.
Durante su intervención ante la comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha lamentado que la edad media de los funcionarios es elevada (el 70% tiene más de 50 años) y se está registrando un considerable aumento de jubilaciones. Según las proyecciones del Ministerio, en los próximos 10 años el 60% de la plantilla se va a jubilar.
En consecuencia, para revertir la situación, Escrivá ha comunicado que trabaja en un diseño del marco normativo general que también incluya la planificación estratégica de medio y largo plazo para prever el número de efectivos. Su objetivo es que el nuevo sistema ya se vea plasmado en los Presupuestos Generales de 2025.
Despliegue tecnológico
En sintonía con la visión que aportó el pasado lunes ante la comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital; Escrivá ha celebrado la fusión de los ministerios de Transformación Digital y Función Pública esgrimiendo que se pueden generar herramientas que ayuden en la gestión de los funcionarios y que la Administración Pública puede hacer de catalizador de las nuevas tecnologías, siendo la Inteligencia Artificial un gran ejemplo de ello.
Para concretarlo, ha desplegado cuatro iniciativas concretas. La primera es la eliminación de la cita previa obligatoria para ser atendido en las Administraciones Públicas. Esto requiere la modificación del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Escrivá se compromete a reformar la ley para eliminar la cita previa obligatoria para ser atendido en las Administraciones Públicas.
El Gobierno llevaría la reforma “cuanto antes” al Congreso, al tiempo que estudia vías para facilitar el acceso de los colectivos vulnerables. Asimismo, tal y como ya expuso el pasado lunes, están probando un software para que los funcionarios puedan realizar escritos de forma más ágil y programas piloto de Inteligencia Artificial que reduzca la brecha del lenguaje empleado por la Administración y la ciudadanía.
En segundo lugar, el Ejecutivo pondrá en marcha la Agencia de Administración Digital, cuyo propósito será favorecer la mejora de la tecnología a fin y efecto de robotizar tareas repetitivas y dar más tiempo a los funcionarios para trabajos que aporten valor.
La tercera iniciativa concreta es la nueva ley de Ciberseguridad, que llegaría antes de finalizar el presente año. Este articulado aportaría un paraguas normativo que ordenaría y daría institucionalidad a las intervenciones que ya realizan Interior, Defensa y el Centro Criptológico Nacional.
Por último, se ha comprometido a crear una unidad operativa transversal de la Administración General del Estado dotada de recursos humanos multidisciplinares para afrontar perturbaciones externas que, en momento concretos, requieren de un mayor despliegue, como ocurrió con el Ministerio de Sanidad durante la pandemia o el Ministerio de Transformación Digital en la gestión del Plan de Recuperación y Resiliencia. Este equipo de funcionarios serían formados para trabajar por proyectos e hitos.
El Gobierno planea crear una unidad de funcionarios multidisciplinar para atender proyectos que, puntualmente, requieran un mayor despliegue.
Evaluación de políticas públicas
En los próximos meses el Gobierno creará la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, un órgano orientado a elaborar memorias de impacto para mejorar las decisiones y adoptarlas en base a análisis detallados. En principio, está previsto que dependa de la Secretaría de Estado de Función Pública, pero Escrivá ha dicho estar negociando con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para encajarla en su cartera, lo que requeriría de un reajuste normativo.
De igual forma, en paralelo al trabajo de la Agencia, el ministro ha anticipado que apuesta por designar “evaluadores” para estudiar cada ministerio.
