QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Que el presidente del Gobierno acuda una vez al mes, poder vetar una ley sin el registro formal de un veto, que cualquier ministro responda en sesión de control, plantear conflictos de atribuciones ante bloqueos de iniciativas en el Congreso, crear comisiones de investigación a petición de un solo grupo o modificar el régimen de ayudas a los grupos parlamentarios son una realidad cada vez más próxima en el Senado. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para avanzar en la tramitación de las dos propuestas de reforma del Reglamento por las que modifican 44 artículos y que desean tener en vigor para el próximo periodo de sesiones (a partir de septiembre).
Con el apoyo de populares y UPN, el Pleno del Senado ha tomado en consideración las iniciativas que ahora se mandarán a la Comisión de Reglamento para el registro y estudio de posibles enmiendas, una posibilidad esta a la que se ha mostrado abierto uno de los portavoces del PP en el debate, el senador por León Antonio Silván, quien ha asegurado que la voluntad de su grupo es la de «concitar el mayor grado de acuerdo», en una llamada al «consenso» y a la participación de «las minorías».
Las palabras del exalcalde de León han sido acogidas con escepticismo, cuando no desdén, por el resto de grupos, en un debate marcado por el régimen lingüístico en la Cámara, cuyo uso los senadores nacionalistas pedían equiparar al del Congreso mediante una proposición de reforma del Reglamento registrada como texto alternativo a uno de los del PP, iniciativa que se ha debatido de forma acumulada junto a las de los populares.
Una reforma para «gobierne quien gobierne»
En su turno para la defensa de los textos, Antonio Silván ha defendido que la de su grupo es una reforma «apartidista» (calificativo que ha sido rechazado luego por otros portavoces), en defensa de «un Senado fuerte» y para reforzar las atribuciones de la Cámara con la vista en el futuro, «gobierne quien gobierne». Además de para incluir resoluciones de la Mesa de anteriores legislaturas y consolidar en la normativa lo que ya es práctica habitual por usos y costumbres, desde el PP justifican la necesidad de esta reforma en la necesidad de reivindicar el papel del Senado en sus funciones de control de la acción de Gobierno y en el procedimiento legislativo.
Las ausencias de numerosos miembros del Gobierno en las sesiones de control, las de miembros del Ejecutivo en la Comisión General de las Comunidades Autónomas o la del propio presidente del Gobierno ante el pleno son los hechos esgrimidos por el Grupo Popular para ejecutar una reescritura amplia del Reglamento, un proceso al que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, invitaba al resto de grupos a sumarse mediante una carta a principios de marzo.
El PSOE denuncia el procedimiento
El modo en el que se ha ejecutado la propuesta de reforma es uno de los reproches que el senador por Lanzarote y secretario cuarto de la Mesa, Manuel Fajardo, ha lanzado al PP. El portavoz del PSOE en el debate ha considerado «una falta de respeto» el haber llamado a la negociación y al diálogo por carta para cuatro días más tarde registrar una proposición de reforma del Reglamento en solitario «sin haber consultado a nadie», «una quiebra en la confianza». En ese sentido los socialistas han pedido al PP la retirada de la propuesta para constituir un grupo de trabajo en el que abordar «una reforma integral», incluido el uso de las lenguas.
Fajardo ha reiterado la negativa de su grupo a colaborar en lo que considera «un engaño» y emplaza al trabajo en comisión para poner sobre la mesa lo que considera una redacción defectuosa de la norma
Sin apoyo entre los nacionalistas
Por el Grupo Vasco (PNV), su portavoz Estefanía Beltrán de Heredia se ha sumado a las críticas por el procedimiento seguido, unas proposiciones de reforma del reglamento, las del PP que ha tachado de «improvisadas» y «atropelladas». Dado el calado de la modificación, Beltrán de Heredia ha pedido «consensos» para reformar las «reglas de juego» de la Cámara y ha rechazado lo que a su juicio es la evolución del Senado hacia un modelo bicameral simétrico perfecto, «superando la Constitución» al querer igualar las atribuciones entre las dos Cámaras en aspectos como el control o el proceso legislativo, crítica esta última compartida por Mario Zubiaga (EH Bildu).
La propuesta del PP para reformar el Senado
Entre los cambios que el Grupo Popular en el Senado desea tener operativos a partir de septiembre destacan:
- La posibilidad de introducir vetos a leyes con una votación en el Pleno, sin registrarlos formalmente en comisión.
- Que la Mesa pueda encargar a otros órganos del Estado informes consultivos sobre iniciativas legislativas remitidas por el Congreso.
- Las sesiones de control empezarán con un turno de portavoces para valorar las ausencias de ministros.
- Si el autor de la pregunta así lo pide, cualquier ministro presente en el control puede responder en el control.
- Plantear un conflicto de atribuciones frente al Congreso en los casos en los que «se demoren de forma injustificada» las proposiciones de ley remitidas por el Senado.
- Que los portavoces de un grupo puedan ir acompañados de otro senador a la Junta de Portavoces.
- Consolida las declaraciones de bienes y rentas y la de intereses económicos de los senadores en el Reglamento.
- Obligación de comunicar en 30 días a la Comisión de Incompatibilidades cualquier cambio en las declaraciones anteriores.
- Se elimina la mención explícita a la subvención para grupos con criterios proporcionales de reparto.
- Obliga al presidente del Gobierno a responder preguntas en el Pleno al menos una vez al mes.
- Acota los tiempos de intervención de los miembros del Gobierno en los debates.
- Para pedir comparecencias de miembros del Gobierno bastará con que lo pida un grupo o 25 senadores (ahora son dos grupos o el 20% de los senadores).
- Se crea la Comisión General de las Entidades Locales, a imagen y semejanza de la de las Comunidades Autónomas.
- Se podrán pedir comisione de investigación a petición de un solo grupo (ahora se requieren senadores de al menos grupos diferentes).
- Las mociones se podrán votar por puntos, como sucede ahora en el Congreso (a efectos prácticos, se usa para aumentar el número de votaciones ganadas o perdidas).
- Las preguntas para respuesta escrita deben responderse en 20 días (frente a los 30 actuales).
- Se amplían los supuestos para autorizar el voto electrónico.
