QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
«No se sostiene en ningún sentido». El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado un escrito ante la Mesa de la Cámara Alta reclamando levantar el veto del Gobierno a su proposición de ley para derogar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Tras impulsar esta reforma en los primeros compases de legislatura, el Ejecutivo comunicó hace unos días su disconformidad a la tramitación de esta propuesta, haciendo valer la prerrogativa constitucional para vetar toda iniciativa que suponga un aumento de gasto o minoración de ingresos.
Las estimaciones del Gobierno son un impacto de la proposición en las cuentas públicas de más de 2.800 millones de euros. Por un lado, rebajando la recaudación de la parte del tributo no cedida a las comunidades en 140 millones y, por otro, un aumento de gasto de 2.678 millones por la compensación prevista a estas administraciones por la pérdida de recaudación prevista.
Veto «arbitrario» e injustificado
Sin embargo, los ‘populares’ creen que si la Mesa del Senado acepta el veto «se estaría violentando la potestad legislativa de las Cortes Generales», pues considera que los argumentos del Gobierno para justificar su veto «no son suficientes» y «son arbitrarias».
Por ello, exige a la Mesa del Senado, donde el propio PP cuenta con mayoría, «verificar que el Grupo Popular ha cumplido los requisitos necesarios» y que, en todo caso, defiende que «los errores que pudiera haber en la proposición no deben ser determinantes para el veto del Gobierno», pues puede modificarse más adelante.
En todo caso, el PP alude a tres sentencias del Tribunal Constitucional (34/2018, 139/2018, 17/2019) para recordar que «la doctrina constitucional ha tenido que acotar» la perrogativa que le otorga la Carta Magna al Gobierno para poder vetar iniciativas que supongan mayor gasto o una reducción de ingresos.
El impacto no es en este Presupuesto
Y es que, citando una de las sentencias, «cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de suponer un incremento de gasto o disminución de ingresos». Algo que, prosigue el PP, obliga al Ejecutivo a «justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los gastos presupuestarios», y que esta «debe ser inmediata, actual, y no meramente hipotética».
Pero es que, además, incide en que el impacto que justifica el veto gubernamental debe referirse al presupuesto actual, no a un presupuesto futuro. Y la proposición en cuestión, para la cual no han solicitado tramitación de urgencia, sostienen los ‘populares’, no entraría en vigor antes de 2024.
«El veto no podrá ejercerse por relación a presupuestos futuros, que aún no han sido elaborados por el Gobierno ni sometidos, por tanto, al proceso de aprobación regulado en el artículo 134.6 de la Constitución», cita el PP, de la sentencia 134/2018.
El PP cree que el escrito remitido al Senado por el Ejecutivo «puede considerarse arbitrario y no sujeto a la Constitución», al asegurar que la iniciativa no conlleva «ninguna incidencia en el Presupuesto actualmente en vigor».
Sentencias contrarias a vetos del PP
Paradójicamente, todas las sentencias en las que el PP se apoya para pedir a la Mesa rechazar el veto del Gobierno son pronunciamientos del Tribunal Constitucional que cuestionaron el alcance de vetos del segundo Gobierno ‘popular’ de Mariano Rajoy.
Dos de ellas (139/2018 y 17/2019) estiman recursos de amparo presentados por PSOE y Unidas Podemos y la tercera desestima la demanda del propio Gobierno ‘popular’ contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar el veto que presentó el Ejecutivo a una iniciativa parlamentaria.
Entonces la Cámara Baja era presidida por Ana Pastor, pero el PP no controlaba la Mesa, ya que debía apoyarse en Ciudadanos, que en esa ocasión no aceptaron el veto del Gobierno.
Ahora, el PP busca exactamente lo mismo que sucedió entonces. Rechazar la disconformidad expresada por el Gobierno y permitir la continuidad de la iniciativa. Para ello cuenta con mayoría en la Mesa del Senado. El conflicto institucional está servido.
