QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, registraron una Proposición de reforma del Reglamento del Congreso con el objetivo de adecuar el mismo al lenguaje inclusivo; pero una vez dispuestos a revisar el texto, otros grupos como PP y Vox han aprovechado para plantear modificaciones más profundas. Los populares han impulsado varias propuestas, entre las que destacan poner fin a las enmiendas intrusas, evitar el bloqueo de leyes de la oposición, acelerar ponencias, recuperar plenos y solicitar informes al CGPJ, al Consejo Fiscal y otros órganos del Estado.
Dado que en no pocas ocasiones los partidos que ostentan el Gobierno aprovechan leyes para, vía enmienda, modificar otras, los populares han impulsado una enmienda al Reglamento para no admitir aquellas que carezcan de la necesaria relación con la iniciativa a la que se tramitan. Así, se evitan las que se presentan para impactar en otros asuntos.
El PP también pretende una serie de cambios en el funcionamiento habitual de la Cámara, como establecer una fórmula tasada de acatamiento de la Constitución para adquirir la condición de diputado, posibilitar que los miembros del Gobierno comparezcan en las Comisiones Mixtas para informar de asuntos de su competencia, prohibir convocar a jueces y magistrados en las comisiones de investigación y establecer que, en caso de que se suspenda más de una sesión de control por las convocatorias electorales, se recupere al menos una en los dos meses siguientes.
Otra enmienda plantea cambios en la emisión del voto telemático para que no se pueda comenzar a antes de que haya terminado el debate del objeto de la votación.
En cuanto a la tramitación de iniciativas, el Grupo Popular aspira a que la Mesa pueda solicitar el informe preceptivo del Consejo de Estado si el Gobierno no lo acompaña a un proyecto de ley . También quiere que se puedan solicitar informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y/o de otros órganos consultivos del Estado para las proposiciones de ley de evidente trascendencia constitucional y en proyectos de ley.
De igual forman, esperan que se recoja el debate sobre el estado de la Nación al inicio del segundo periodo de sesiones y con periodicidad anual, con la excepción de los años en que se celebren convocatorias electorales.
Evitar bloqueos sine die
Por último, proponen regular la obligación de que las ponencias inicien sus trabajos dentro de los 15 días siguientes a la finalización del plazo de enmiendas y que en las proposiciones de ley remitidas por el Senado el plazo de presentación de enmiendas sea de 15 días. Se valoran prórrogas de 15 días: la primera, si lo solicitan dos grupos que representen una décima parte de la Cámara; y la segunda, si lo solicitan dos grupos parlamentarios que representen una octava parte de los miembros de la Cámara. Transcurridos dos meses, únicamente se concedería otra prórroga si así lo piden grupos parlamentarios que representen al menos tres quintas partes de los miembros de la Cámara.
Los mismos plazos se establecerían para las proposiciones de ley remitidas por las Comunidades Autónomas y para los proyectos de ley que procedan de Reales Decretos – ley.
De esta manera, se evitaría el bloqueo sine die de iniciativas impulsadas por la oposición y que no cuentan con el plácet del Gobierno.
El Gobierno
Por su parte, PSOE y Sumar únicamente han registrado dos enmiendas conjuntas. Una para permitir en el control escrito que, una vez haya respondido el Gobierno, quien formule la pregunta pueda replicar y, tras la nueva intervención, el Ejecutivo vuelva a responder y ponga fin al debate.
Asimismo, esperan que la Mesa de la Cámara autorice a diputados y diputadas a utilizar el voto telemático en casos imprevisibles de especial gravedad y suficientemente acreditados, como accidentes, intervención quirúrgica, hospitalización o fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado, en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado.
Recortes y cambios
El Grupo Parlamentario Vox propone modificar el número de comisiones permanentes para reducirlos a 12:
1. Comisión de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional.
2. Comisión de Justicia.
3. Comisión de Defensa.
4. Comisión de Hacienda.
5. Comisión de Interior.
6. Comisión de Fomento.
7. Comisión de Educación y Cultura.
8. Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
9. Comisión de Agricultura y Medio Ambiente.
10. Comisión de Administración Pública.
11. Comisión de Economía, Energía, Industria y Transformación Digital.
12. Comisión de Sanidad, Familia y Servicios Sociales.
También piden que se garantice que los informes de los letrados sean distribuidos por la Mesa a todos los grupos sin que tengan que pedirlo; implantar la obligación de utilizar el español; que se prohíban las maniobras para saltarse los requisitos legales para la constitución de grupos parlamentarios, evitando la cesión de diputados; y, al igual que el PP, establecer fórmulas de acatamiento de la Carta Magna.
