QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular se ha valido de su mayoría absoluta en el Senado para reescribir la Proposición de Ley Orgánica para modificar la regulación del derecho de asociación aprobada por el Congreso. El propósito de la iniciativa impulsada por el Grupo Socialista era disolver las organizaciones que ensalcen el franquismo; pero los populares le han cambiado hasta el nombre.
Ahora es Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 515 de la Ley Orgánica del Código Penal para que se actúe por la vía Penal contra las asociaciones que promuevan sistemas políticos o ideologías que subviertan el orden democrático, que sean totalitarios o que enarbolen valores incompatibles con la libertad o la igualdad.
Además, el texto, en su preámbulo, hace mención explícita a la “banda terrorista ETA” y a “sus herederos políticos”.
Si bien la proposición de ley ha sido aprobada en el Senado por 142 votos a favor (PP) frente a 113 en contra (PSOE, Izquierdas por la Independencia, Grupo Parlamentario Plural, PNV, Izquierda Confederal) y tres abstenciones (Vox, integrado en el Mixto), ahora debe regresar al Congreso, donde los grupos parlamentarios del Gobierno, PSOE y Sumar, y sus socios habituales prevén rescatar la iniciativa original.
Dos modelos
La senadora del PP María José Pardo Pumar ha pronunciado un áspero discurso cargando contra los habituales socios del Gobierno, pero con especial atención a EH Bildu, a quienes se ha dirigido como “herederos de ETA”, precisamente, a los que su reforma pretende perseguir.
Pardo Pumar ha acusado a la bancada socialista de ser “duros con los dictadores muertos [en referencia a Francisco Franco] y blandos con los vivos”. “Ustedes [el PSOE] son amigos de torturadores y golpistas. Son incapaces de decir que Nicolás Maduro es un dictador. Pretenden darnos lecciones contra la dictadura mientras su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace apología del Comunismo. Solo condenan las dictaduras en función de la ideología”, ha esgrimido.
La senadora del PP ha anticipado que la proposición de ley que impulsó el PSOE en la Cámara Baja “se prevé inconstitucional por sectaria”; remachando que “redactaron esta ley para disolver una asociación por su ideología [la Fundación Nacional Francisco Franco], mientras nosotros decimos ‘no’ a todos los regímenes totalitarios”.
Antonio Magdaleno, senador del Grupo Socialista, ha lamentado que el PP haya reescrito la iniciativa: “Por mucho que quieran ocultarlo mediante cambiazos de leyes, no van a esconder el elefante en la habitación. El PP se niega a disolver las asociaciones que humillen a las víctimas del franquismo. Siguen sin romper con sus lazos del pasado”.
Vuelta a los orígenes
La proposición de ley que impulsó el PSOE establece que, con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, así como de su inscripción registral, será causa de disolución de las asociaciones la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra de España, o del franquismo.
La extinción se ejecutaría mediante resolución judicial. En los procesos abiertos, el órgano judicial competente, de oficio o a instancia de parte, podría acordar la suspensión provisional de la asociación hasta que se dicte sentencia firme. Correspondería al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción en este tipo de procesos.
Durante la ponencia se incorporó que el propio Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran los supuestos de incitación al odio o a la violencia descritos en el primer apartado.
De igual forma, se reconoce legitimación activa en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura.
Los socialistas argumentan que la iniciativa es el resultado de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ya que insta a hacer frente a las organizaciones que difundan discursos de incitación al odio y a la violencia en espacios públicos. Entre las medidas que recoge dicha normativa figura la Disposición adicional séptima, que precisamente, daba un plazo de un año —desde la entrada en vigor de la ley— para que el Gobierno modificara la Ley de Derecho de Asociación para justificar la disolución de este tipo de organizaciones.
Si bien el artículo 22 de la Constitución proclama en amplios términos el derecho de asociación, el Grupo Socialista entiende que el proceso de memoria impulsado mediante la ley del 2022 limita a las asociaciones, pues estas no pueden ser ajenas a los “procesos memorialistas”.
