QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Aplazada la reforma de la Ley del Suelo, una vez más. El PSOE ha decidido retirar su firma de la proposición de ley, impulsada el pasado junio junto con el PNV.
Fuentes del Grupo Socialista justifican a Demócrata este movimiento para no someter la propuesta a votación en uno de los plenos de las próximas semanas.
Al tratarse de la única proposición de ley registrada por el PSOE lista para su debate, habría sido examinada en el primer o segundo pleno de mes. Ahora deberá esperar a que el PNV, que cuenta con más de una docena de proposiciones a la espera de ser debatidas, utilice su cupo para activar su tramitación
Como segunda fuerza de la Cámara –120 diputados, sólo por detrás del PP, que tiene 137–, el Grupo Socialista goza de una posición preferente a la hora de someter iniciativas a debate. En el caso del PNV deberá esperar más, al ser el octavo grupo por número de diputados.
Este tipo de movimientos son relativamente normales en el Congreso y responden a cuestiones de estrategia parlamentaria.
Por ejemplo, para no gastar el cupo de iniciativas que tienen los grupos para defender propuestas ante el Pleno y reservárselo para un momento (u otra iniciativa) que convenga más.
Este mismo año Sumar decidió retirar la firma de varias proposiciones de ley para reservar cupo. Las propuestas fueron registradas de nuevo días después.
Objetivo: «Buscar el mejor acuerdo»
«Se trata de buscar el mejor acuerdo que permita aprobar una ley impecable, necesaria e importantísima», esgrimen desde el Grupo Socialista.
Defienden que la propuesta es «reclamada por ayuntamientos y comunidades autónomas«, que «cuenta con el apoyo y respaldo de todo el sector inmobiliario» y que si el PP vuelve a votar en contra «le dará la espalda a los intereses de sus propias comunidades y ayuntamientos».
En realidad, el anterior proyecto no se llegó a votar, ya que el Ejecutivo decidió retirarlo para evitar una más que probable derrota en el Congreso. ERC, Junts y Podemos habían registrado enmiendas de totalidad para tumbar la propuesta y el presidente de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo, anunció su disposición a rechazar la reforma.
«Otro revés para el Gobierno»
En el PP ven la retirada de firma del PSOE como el reconocimiento de un «total fracaso en política de vivienda«. «Supone otro revés para el Gobierno», inciden fuentes ‘populares’, tras recordar que, por segunda vez, «el Ejecutivo prefiere retirar la iniciativa a reconocer otro fracaso en el debate público».
La propuesta, en todo caso, sí que continúa tramitándose en la Cámara ya que fue registrada conjuntamente con el PNV, que tiene intención de mantenerla. «El PSOE nos dio las razones por las que retiraba la firma y nos parece bien», aseguran fuentes de la formación ‘jeltzale’.
En paralelo, los ‘populares’ tienen previsto impulsar su propia propuesta, que registrarán próximamente en el Senado. Desde la Cámara Alta, donde cuentan con mayoría absoluta, su admisión a trámite está garantizada.
¿Qué regula la reforma?
La iniciativa busca reformar la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana para evitar que, como sucede ahora, cualquier defecto de forma o de procedimiento implique la anulación total de un plan general de ordenación urbana y, además, la de todos los actos administrativos que lo desarrollan.
Para ello, distingue una serie de supuestos que sí conllevarían la nulidad, permitiendo que cualquier otro pueda ser subsanado en el plazo de un año, prorrogable otros seis meses.
También se acotan las consecuencias de una anulación, al permitir anulaciones parciales –cuando el vicio causante pueda acotarse a un ámbito territorial o afecte a preceptos sin relevancia con el resto del plan– y se evita la nulidad en cascada al salvar actos o disposiciones sin relación directa con la causa de la anulación.
Otras medidas incluidas son la limitación para recurrir los planes urbanísticos –sólo se permitiría actuar contra aspectos materiales o sustantivos–, la posibilidad de recurrirlo como parte interesada y un plazo máximo de cuatro años para impugnar planes desde su aprobación.
La reforma también altera el régimen de permisos de determinadas actuaciones urbanísticas, al reducir los supuestos en los que opera el silencio negativo y regula en la Ley del Suelo y en la Ley de Expropiación Forzosa la posibilidad de cancelar el derecho de reversión de aquellas personas afectadas por expropiaciones para acometer desarrollos urbanísticos una vez transcurran 30 años y bajo determinados supuestos.
