QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Senado ha aprobado la toma en consideración de una Proposición de ley impulsada por el Partido Popular para reformar la ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social con el propósito de que a las personas valoradas con algún grado de dependencia se les reconozca un 33% de discapacidad de manera automática.
La iniciativa ha cosechado 171 votos a favor (PP, Izquierdas por la Independencia, Grupo Plural, Grupo Vasco, Izquierda Confederal y Mixto), 89 abstenciones (PSOE) y ningún voto en contra, por lo que será remitida al Congreso para continuar con su tramitación.
En concreto, la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad; pide modificar el artículo 4.2 del decreto legislativo, que quedaría como sigue:
“Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad y las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados. Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos”.
La reformulación de este punto va en sintonía con la propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). De hecho, varios dirigentes de esta organización asistieron desde la tribuna del Senado al debate sobre la toma en consideración.
Consenso, con la excepción del PSOE
Todos los portavoces parlamentarios que intervinieron manifestaron su apoyo a la iniciativa del PP (Izquierdas por la Independencia, Grupo Plural, Grupo Vasco, Izquierda Confederal y Mixto), con la salvedad del PSOE. Tanto es así, que la proposición cuenta con un informe de disconformidad del Ejecutivo a su tramitación por razones presupuestarias.
El PSOE recuerda la existencia de una sentencia del TS que ya anuló la equiparación automática mediante, precisamente, el artículo 4.2 de la Ley General de Discapacidad.
El senador socialista Víctor González ha argumentado que, si bien comparten el fondo, no así las formas. Durante su intervención recordó una sentencia del Tribunal Supremo en el 2019 que ya anuló la equiparación automática mediante, precisamente, el artículo 4.2 de la Ley General de Discapacidad. El Alto Tribunal entendía que “excedía las competencias de la norma”, por lo que González ha remachado que “no se puede hacer lo que ustedes piden”.
Turno del Congreso
La Proposición de ley tiene visos de prosperar también en el Congreso en caso de que los grupos mantengan su posición ya que Vox registró una semejante y podría sumarse también.
Una vez que la Cámara Baja reciba la propuesta, la Mesa abrirá el plazo de enmiendas y podrán presentarse de totalidad, exclusivamente de devolución, es decir, no caben enmiendas a la totalidad con texto alternativo.
Si se presentan enmiendas a la totalidad de devolución, se debatirían en un pleno y si prosperasen, la proposición de ley habrá decaído. Si las enmiendas de devolución no prosperasen, el texto se remitiría a la Comisión correspondiente para continuar su tramitación como cualquier otra proposición de ley.
