QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Entre el 23 y el 28 de julio de 1979 se celebró en el Congreso un Pleno “escoba”, con el que el Gobierno de Adolfo Suárez pretendió dejar cerrada toda su agenda legislativa antes del parón veraniego.
Durante esos días se produjo un intenso debate en relación a la Ley Orgánica que debía regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional. En concreto, se debatió durante el día 23 y se votó el 24.
La medida de UCD salió adelante gracias a los votos de los nacionalistas vascos y catalanes, con la abstención de Coalición Democrática y pese al voto en contra de socialistas, comunistas y andalucistas.
Se trataba del primer proyecto que iba a ser sometido al quórum extraordinario (mayoría absoluta) recogido en el segundo párrafo del art. 81 de la Constitución, aprobada meses atrás.
El debate fue especialmente tenso y bronco. El proyecto había sido tramitado por proceso de urgencia, recortando a la mitad los plazos legislativos.
Para desagrado de la oposición, “una ley orgánica no puede aprobarse en las condiciones en que se está intentando aprobar ésta”, afirmó Santiago Carillo, portavoz del Partido Comunista, tal como recoge el Diario de Sesiones.
No obstante, las diferencias no solo se encontraban en el cómo, también en el qué. El comunista Jordi Solé Tura, respecto al carácter del órgano que se estaba definiendo, lanzó una advertencia desde la tribuna. Con el paso de los años resonaría más allá de las filas de su propio partido.
“Estamos creando un órgano político que puede prolongar mayorías desaparecidas y que puede hacer que en un futuro Congreso de Diputados, cuando la mayoría cambie, por inercia siga existiendo un órgano de control político que responda a la mayoría fenecida”.
No se equivocaba. En estos momentos la mayoría del TC no responde a la mayoría predominante en el Congreso. Fruto a su vez de un bloqueo institucional, del que inevitablemente es partícipe el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace cuatro años.
La fórmula que el Gobierno de coalición ha encontrado para salir de esta situación supone reformar la ley del TC, vía enmiendas a otra Ley Orgánica que nada tendría que ver y tramitado por proceso de urgencia. Además, de los más rápidos que ha visto el Congreso. Con dos plenos extraordinarios en menos de quince días.
Las enmiendas registradas implican, entre otras cuestiones, suprimir la mayoría por tres quintos en el Congreso para nombrar a los candidatos del CGPJ al TC. Hasta ahora necesaria.
En esta ocasión, la oposición tampoco ni comparte el qué, ni está satisfecha con el cómo. Motivo por el cual pidieron amparo al propio TC. Órgano que con su decisión de convocar un Pleno extraordinario en la mañana del 15 de diciembre, horas antes del del Congreso, amagó con la posibilidad de paralizar la reforma. Una coyuntura que ha dado lugar a un debate sin precedentes, pero no del todo ajeno.
Un debate premonitorio
De vuelta al Pleno que debatió la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 1979, encontramos en la intervención del diputado socialista, Félix Pons. Con afirmaciones que bien podrían haberse producido en estos días.
“Cuando se suscita un conflicto de atribuciones de la naturaleza y de la intencionalidad del que la ley parece contemplar, en el que estén implicados el Congreso o el Senado, la trascendencia política de ese conflicto será infinitamente superior a su trascendencia jurídica y quedará absorbida”.
O, “es inaceptable para nosotros que el Congreso y el Senado queden en actuaciones no legislativas sometidas a un control no jurisdiccional, sino de constitucionalidad”.
Y, “el Tribunal debe defender la Constitución, pero no puede convertirse en instrumento para marcar pautas de actuación al Parlamento”, sentenció Pons.
De vuelta a la actualidad
Finalmente la votación de la Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que incluía las polémicas enmiendas se produjo.
“La señora PRESIDENTA: (…) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 184; en contra, 64; abstenciones; 1.”
Llama la atención el bajo número de votos emitidos en una votación con tanta trascendencia. El motivo se encuentra en la decisión del Partido Popular de permanecer en el hemiciclo, pero no votar. Postura compartida a medias por Ciudadanos, que en cambio sí optó por abandonarlo y no estar presente. VOX votó en contra.
Aunque Batet llegó a pronunciar que se levantaba la sesión, el aviso de Ana Pastor, vicepresidenta tercera de la Mesa, y su insistencia, le llevaron a dar la palabra a la portavoz del Grupo Popular Cuca Gamarra.
Para en virtud del artículo 72 del Reglamento del Congreso explicar el sentido de su (no) voto, “como no somos partidarios de abandonar las instituciones, es por lo que nos hemos quedado durante la votación. Pero en un momento tan crítico como este, evidentemente, no hemos votado”. Y así consta en el Diario de Sesiones.
