QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Isaac Albert, vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, tiene la expectativa de que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, “concrete hechos” respecto a la financiación exclusiva para Cataluña durante el Debate de Política General que tendrá lugar esta semana en el Parlament.
“Esto no va de palabras solo, va de palabras y de hechos. Necesitamos concreciones”, declaró Albert en una conferencia de prensa el lunes, haciendo referencia al pacto de investidura entre PSC y ERC sobre la financiación particular, al ser cuestionado sobre sus expectativas del discurso de Illa en el debate.
“AMBICIÓN NACIONAL”
El portavoz de ERC también celebró las declaraciones de Albert Dalmau, conseller de Presidencia, quien el lunes expresó que su ambición nacional consiste en administrar, aunque para ERC, la gestión eficaz es un requisito esencial y “se da por descontado” en un Govern. “La ambición nacional es plantearse retos que levanten el listón del país, es creerse que somos un país y no una comunidad autónoma”, explicó Albert, lamentando que el Govern no ha podido presentar un proyecto nacional para Cataluña en el último año.
Albert comentó que entre las propuestas de resolución de ERC en el debate se incluirá la gratuidad del comedor escolar y de las actividades extraescolares en la educación pública y concertada de Cataluña, aunque criticó que con el sistema de financiación actual esto resulta inviable. Afirmó que implementar esta medida requeriría “millones de euros” y un calendario específico de aplicación, reiterando que sin una financiación adecuada no se podrán satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
PRESUPUESTOS
En relación a los presupuestos, Albert señaló que Cataluña se beneficia de tener cuentas aprobadas, pero sostuvo que la situación mejoraría con un sistema de financiación más justo: “La voluntad es avanzar, ayudar al país y a las familias, pero lo que es imprescindible es que los acuerdos se deben cumplir”. Además, rechazó la propuesta de Junts que exige un mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública, argumentando que los tres años que establece la ley vigente ya cubren las necesidades actuales y que entrar en este debate solamente contribuye a exacerbar los problemas existentes.
