QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa frente al juicio que se celebrará contra él por presunta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y solicita al Tribunal Supremo su absolución. En el documento, García Ortiz mantiene que es inocente y sitúa “el núcleo esencial” de la revelación en “el aparato institucional de la Comunidad de Madrid”.
La Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, sostiene que el fiscal general se limitó a actuar “en el legítimo ejercicio de sus competencias” para proteger la imagen de la Fiscalía ante lo que califica como una “campaña de desinformación”. Además, recalca que el correo electrónico que habría sido filtrado —enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024— estaba accesible para “unas 600 personas” dentro de la institución, lo que desmontaría la acusación individualizada contra García Ortiz.
Cronología
La defensa rechaza el relato del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, que se muestra convencido de que, la noche del 13 de marzo de 2024, García Ortiz filtró a la SER -que informó a las 23:23- el correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de ese año a Fiscalía ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales por los que estaba investigado a cambio de un pacto.
La Abogacía realiza un relato cronológico -desde el 23 de enero de 2024, cuando Fiscalía comenzó a investigar a González Amador, hasta el 14 de marzo de ese año, cuando difundió la nota de prensa con el intercambio de ‘emails’ entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto-, que a su juicio evidencia que «no existe ninguna conexión lógica» entre la publicación del citado ‘email’ en la SER y García Ortiz.
La defensa expone que fue la información publicada por ‘eldiario.es’ el 12 de marzo de 2024, y que sus periodistas tenían desde el día 6 -conforme declararon-, sobre la existencia de una investigación contra González Amador, lo que dio lugar a «una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia».
La estrategia de comunicación de Madrid
El escrito describe que desde la Comunidad de Madrid se quiere presentar a González Amador como víctima de una supuesta persecución política. Según la defensa, se difundieron versiones tergiversadas que apuntaban a una implicación irregular de la Agencia Tributaria y de la propia Fiscalía. Esa estrategia, añade, fue la que generó la confusión pública y el interés mediático que acabó en la publicación de los correos.
El borrado de su móvil y su correo personal
Uno de los indicios en su contra, el borrado de su teléfono móvil y de su cuenta personal de Gmail, también es rebatido. La Abogacía del Estado afirma que se trató de una medida rutinaria de seguridad y de una reacción a la recepción de mensajes hostiles tras hacerse públicos sus datos.
El juicio, clave política y jurídica
De cara al juicio, la defensa propone como testigos al propio González Amador y a Miguel Ángel Rodríguez, rechazando en cambio la comparecencia de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, solicitada por una acusación popular. En todo caso, García Ortiz sostiene que no hubo perjuicio para González Amador, ya que las negociaciones de conformidad siguen siendo posibles.
