QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo anuncia que propondrá una reforma constitucional para incluir el aborto como derecho fundamental y evitar que las mujeres reciban información sin base científica. La iniciativa necesitará el apoyo del PP para salir adelante.
Reforma constitucional para reconocer el aborto como derecho
El Gobierno ha confirmado que propondrá una reforma de la Constitución para que el aborto quede recogido expresamente como un derecho. La intención del Ejecutivo es que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser un asunto únicamente regulado por leyes ordinarias y pase a contar con la máxima protección jurídica dentro de la Carta Magna.
Según fuentes gubernamentales, la vía elegida será el procedimiento ordinario de reforma constitucional, que exige la aprobación por una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Esto obliga al Ejecutivo a buscar el respaldo del Partido Popular, sin cuyo apoyo la iniciativa no podría prosperar.
Un debate político de alto voltaje
El anuncio abre un nuevo frente en la política española, ya que el aborto ha sido tradicionalmente una cuestión de fuerte confrontación. Aunque el Gobierno no ha detallado el redactado concreto que pretende introducir, sí ha subrayado que el objetivo es «blindar jurídicamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo».
La decisión llega en un contexto en el que el Tribunal Constitucional ya avaló la actual ley de plazos y en el que el Ejecutivo busca reforzar la seguridad legal ante posibles cambios de mayorías parlamentarias en el futuro.
Prohibir la difusión de «información falsa»
Además de la reforma constitucional, el Gobierno quiere impedir que las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo “reciban información falsa o sin evidencia científica”. El planteamiento, según han explicado desde el Ejecutivo, es evitar que existan presiones o campañas de desinformación que condicionen decisiones personales.
Un camino legislativo complejo
La reforma que plantea el Gobierno supone abrir uno de los procedimientos más exigentes que contempla la Constitución. El procedimiento ordinario requiere superar varias fases parlamentarias con mayorías reforzadas, lo que convierte al PP en un actor clave para determinar si el blindaje del aborto en la Carta Magna puede llegar a materializarse.
