Este jueves el Gobierno y la Iglesia católica han rubricado un acuerdo histórico para establecer un mecanismo mixto de reparación de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesial en aquellos casos que no pudieron llegar a la justicia ordinaria por prescripción del delito, muerte del victimario u otras barreras procesales. El pacto sitúa como garante final al Defensor del Pueblo para arbitrar decisiones en casos de discrepancia entre las partes y con participación activa de las propias víctimas.
El acuerdo durará un año, prorrogable otro más, y representa un salto político y jurídico principal en la gestión de un problema que durante décadas fue ocultado o minimizado. La Iglesia se compromete a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales mientras que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, según ha avanzado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado.
Los obispos han precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia, y que "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta". Desde la CEE también han puntualizado que el sistema establecido "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes".
Este pacto cierra un ciclo político-parlamentario que arrancó con el reconocimiento de un problema estructural y la necesidad de reparación, y lo traduce en un proceso administrativamente vinculante y supervisado por el Estado, con participación directa de las víctimas. Supera mecanismos propios de la Iglesia (como el PRIVA, con resolución muy reducida de casos) hacia un modelo mixto inspirado en propuestas del Defensor del Pueblo, similares a órganos arbitrales en otros países.
Claves del acuerdo
El pacto firmado entre el ministro Félix Bolaños y los representantes de la Iglesia católica articula un mecanismo mixto de reparación que introduce cambios sustanciales respecto al esquema previamente unilateral gestionado por la Iglesia.
- Participación directa de las víctimas: las víctimas y sus representantes estarán desde el inicio involucradas en la tramitación de sus casos, un cambio importante frente al modelo previo según el cual debían pasar primero por comisiones internas eclesiales.
- Arbitraje del Defensor del Pueblo: cuando no exista acuerdo entre víctima e Iglesia, la decisión final recaerá en la “Unidad de Víctimas” del Defensor del Pueblo, con obligación de cumplimiento por parte de la Iglesia. Es un paso clave para garantizar imparcialidad y confianza jurídica en la resolución de controversias.
- Obligación de cumplimiento: la CEE y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), entidad que agrupa a los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica en España, aceptan responder económicamente incluso cuando la diócesis o congregación responsable no pueda hacerlo directamente. Se crea un marco que supera las limitaciones del plan interno PRIVA de la Iglesia, que hasta ahora había resuelto pocos casos.
- Procedimiento y plazos: se establece un plazo inicial de un año (prorrogable) para que las víctimas de casos prescritos presenten sus casos ante el nuevo mecanismo. Las propuestas de reparación, que pueden incluir componentes simbólicos, restaurativos o económicos, se elaboran primero por la Unidad del Defensor y luego se cotejan con las evaluaciones eclesiales.
Recorrido parlamentario y ejecutivo del plan
En marzo de 2022, el Congreso de los Diputados instó al Defensor del Pueblo a constituir una Comisión independiente que elaborase un informe sobre los abusos sexuales que se habían producido en el ámbito de la Iglesia católica y la respuesta de los poderes públicos.
La Comisión, presidida por el Defensor, investigó la respuesta institucional y el tratamiento de estos casos, con especial atención a la falta de mecanismos eficaces de reparación. Como resultado, en 2023 se entregó un informe con una veintena de recomendaciones dirigidas a la Administración, al Parlamento y a la Iglesia, entre ellas:
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Acto público de reconocimiento y reparación simbólica de las víctimas, por la “prolongada desatención institucional” entre 1970 y 2020
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Creación de órganos mixtos Iglesia-Estado para abordar casos prescritos o no judicializables
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Desarrollo de mecanismos de prevención, formación y atención integral a las víctimas
Este informe se convirtió en la hoja de ruta del plan gubernamental antiabuso, fundamentando, desde la máxima autoridad en defensa de los derechos constitucionales, la necesidad de una respuesta estructurada.
El Consejo de Ministros aprobó el “Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo” el 23 de abril de 2024, con la participación de siete ministerios para asegurar un enfoque transversal. El Ejecutivo explicó que el plan estaba diseñado para sensibilizar a la sociedad y reforzar la protección de menores y ofrecer vías de reparación para las víctimas cuyos delitos han prescrito o carecen de acceso efectivo a la justicia penal o civil. La mayoría de grupos parlamentarios respaldaron la necesidad de responder a las recomendaciones del informe parlamentario.