QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Koldo García, antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha comparecido este jueves ante el Tribunal Supremo (TS) para responder por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo señala como “gestor y custodio” de los fondos opacos vinculados a las presuntas comisiones irregulares del ‘caso Koldo’. García se ha acogido a su derecho a no declarar, tras lo que la Fiscalía Anticorrupción pidió que se mantuvieran las medidas cautelares vigentes que pesan sobre él, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclamaron que fuera enviado a prisión provisional.
Finalmente, el juez Leopoldo Puente ha decidido mantener las medidas cautelares que le impuso en diciembre de 2024 y no modificarlas dictando su ingreso en prisión provisional, por lo que Koldo seguirá en libertad, sin pasaporte y con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.
Investigación
Según el documento entregado al magistrado instructor, Leopoldo Puente, Koldo habría administrado dinero procedente de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, parte del cual se habría utilizado para sufragar gastos personales de Ábalos —como la pensión alimenticia de un hijo, el salario de una empleada doméstica o regalos a sus parejas— “con vistas a una eventual restitución institucional”.
La Guardia Civil sostiene que existía una reserva de dinero en metálico sin respaldo en los ingresos regulares del exministro, y que el PSOE realizó pagos en efectivo tanto a Ábalos como a García, algunos de ellos documentados como compensaciones de gastos, pero otros sin justificación.
Los investigadores también revelan que Koldo y su exmujer, Patricia Uriz, se referían al dinero en clave en sus conversaciones de WhatsApp: “chistorras” para los billetes de 500 euros, “soles” para los de 200 y “lechugas” para los de 100.
El Supremo sospecha de «métodos no transparentes»
El juez Puente apunta a que Ábalos y su asesor podrían haber mantenido prácticas opacas de gestión patrimonial, recibiendo ingresos irregulares “de diversa procedencia” posiblemente vinculados a ilícitos penales.
El propio Ábalos declaró ayer ante el Supremo, aunque por primera vez optó por guardar silencio, alegando indefensión por no contar con un abogado de su confianza tras intentar relevar a su defensor, José Aníbal Álvarez, el pasado lunes.
Koldo, que ya permaneció en silencio en su declaración de junio.
Seguirá en libertad
El exasesor se enfrentaba este jueves a una vistilla para revisar sus medidas cautelares, que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juez.
Fuentes próximas a García aseguran que se encontraba “preparado para entrar en prisión provisional”, medida que hasta ahora solo ha recaído sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, considerado el principal responsable político de la trama.
En el caso de Ábalos, la Fiscalía Anticorrupción se opuso ayer al ingreso en prisión solicitado por las acusaciones populares lideradas por el PP, aunque sí reconoció un “creciente riesgo de fuga”. El magistrado mantuvo las medidas actuales pero advirtió que podrían endurecerse si los indicios se refuerzan.
La defensa pide limitar la investigación
La defensa de Koldo ha solicitado al Supremo anular y archivar todas las pesquisas no autorizadas expresamente por el Congreso al conceder el suplicatorio para investigar a Ábalos. Según su recurso, el juez solo podría indagar en las presuntas adjudicaciones irregulares de material sanitario durante la pandemia, y no en otras derivadas del caso, como los supuestos amaños de obra pública o los nombramientos gestionados por encargo de Ábalos.
Una causa que se fragmenta
El ‘caso Koldo’ nació en la Audiencia Nacional centrado en la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al presunto conseguidor Víctor de Aldama. Pero desde su salto al Supremo hace casi un año, el procedimiento se ha ampliado con nuevas ramificaciones, incluyendo presuntas mordidas en contratos de obra pública.
Para agilizar la instrucción, el juez Puente decidió dividir la causa en dos piezas: una sobre las mascarillas y otra sobre las obras. La primera podría cerrarse en los próximos meses, mientras la segunda permanece en una fase inicial de investigación.
