QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso cumpliendo con su cita anual para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro. Además, ha detallado ante los parlamentarios las conclusiones que el organismo ha extradido tras el estudio de la propuesta de Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de BBVA al Banco Sabadell.
El organismo ha concluido que “la operación podría suponer una amenaza para la competencia efectiva en determinados ámbitos del mercado de banca minorista y servicios de pago”.
Amenazas
En cuanto a la banca minorista, Fernández ha asegurado que se han identificado municipios en los que, tras la operación, se podría superar la cuota conjunta en más del 50% con una adición del más del 15%. “La estructura del mercado cambiaría como consecuencia de la operación”, cree la presidenta. Esta situación lleva a que hasta en 48 municipios se observaría una situación de duopolio y hasta en 7 códigos postales se llegaría a experimentar un monopolio.
Si se entra a analizar la situación de los servicios de pago, la CNMC apunta a que la entidad resultante respondería al 30% de cuota conjunta a nivel nacional. Como consecuencia de esto, se ha constatado un “riesgo de empeoramiento de las condiciones comerciales” mediante el incremento del precio a comercio que demanda los servicios de adquisiciones de operaciones de pago.
En las respuestas de los grupos parlamentarios, Junts, ERC, PNV, Sumar y el PSOE han coincidido en el diagnóstico. De esta forma, la mayoría de investidura, ha mostrado su posición contraria a la operación, entre otras cosas, por la «exclusión financiera» que podría suponer. Los populares han esquivado el asunto argumentando que se ha «tardado demasiado tiempo en extraer las conclusiones» y que esto ha derivado en una inseguridad.
Riesgos identificados
- Empeoramiento de las condiciones comerciales para particulares, Pymes y autónomos en algunas regiones.
- Potencial exclusión financiera para los clientes en los municipios de menor presencia, en zonas rurales más dependientes de los servicios presenciales.
- Potencial reducción del crédito a PYMES en determinadas áreas geográficas.
- Riesgo de empeoramiento de condiciones aplicadas a los clientes (empresas)de los servidos de adquisición de operaciones de pago.
- Empeoramiento de las condiciones de acceso a cajeros para clientes.
Desde la Comisión aclaran que el análisis realizado ha sido especialmente intenso en relación con el segmento de mercado del crédito a pymes y autónomos. El organismo recibió numerosas alegaciones empresariales “que ponían de manifiesto la preocupación sobre potenciales efectos restrictivos de la competencia”.
En respuesta a esto, la CNMC ha considerado que los compromisos últimos propuestos por BBVA son suficientemente amplios y proporcionados para evitar que los riesgos expuestos lleguen a producirse. Estos serían:
-Crear una cuenta para clientes vulnerables e identificar a los clientes potenciales que puedan introducirse aquí.
-Informar a todos los clientes del Sabadell todos los cambios de condiciones que les pudieran afectar.
-Mantener la presencia física en los territorios donde se ha detectado el riesgo de exclusión financiera.
-Mantener las condiciones financieras en los códigos postales problemáticos.
-Mantener las líneas de circulante y volumen de crédito a PYMES y a autónomos con una exigencia aun mayor para Cataluña y Baleares (la cuota de mercado superaría el 30% aquí).
-Compromiso sobre acceso a cajero transitorio en la medida en la que los contratos que están firmados entre las redes de cajero tienen una duración. Se ha extendido esa duración para permitir que esas redes de cajero vuelvan a llevar a cabo sus acuerdos entre ellas.
-No empeorar las condiciones de los servicios de adquisición de operaciones de pago que los clientes, pymes y autónomos tuvieran contratada a 30 de abril de 2025.
Tras el análisis, el trabajo de la CNMC ha concluido con la vista puesta en la fase de monitorización de los compromisos, que será posterior a la adopción defenitiva que se producirá cuando el Gobierno se posicione.
Respuesta de los Grupos Parlamentarios
El Partido Socialista, en palabras de su portavoz en la comisión, se ha mostrado «preocupado por la exclusión financiera que se puede experimentar en algunos territorios». Alicia Álvarez ha sostenido que esta operación supondría una amenaza para la competencia pero, que a su grupo también les inquieta «las consecuencias que a las que deberían hacer frente los clientes».
La portavoz económica de Junts, Pilar Calvo, ha expuesto la posición “completamente en contra” de su grupo ante la Operación. Los catalanes dicen observar riesgos al régimen empresarial de Cataluña, así como riesgos en la pérdida de competitividad, entre otros. Además, Calvo ha lanzado un dardo al Ejecutivo central: “consideramos que hay base legal para frenar esta OPA”.
Desde Esquerra Republicana de Cataluña aseguran que les preocupa la situación que pueda derivar de la operación. «Nos preocupa mucho para los futuros usuarios que puedan verse afectados por más comisiones y menos créditos», ha expuesto su diputada Inés Granollers. En este sentido, el grupo catalán ha impulsado en la Cámara Baja una proposición de ley contra la exclusión financiera. «El marco actual es insuficiente para proteger al consumidor ante estas operaciones», ha concluido Granollers.
Carlos Martín, portavoz de Economía de Sumar, cree que es una «extravagancia del sistema» que en el sector bancario tenga que ser el cliente el que se adapte a los cambios de los operadores. Además, afirma que «la compra hostil del Sabadell va a tener una repercusión entre los trabajadores. Significará más despidos y una infrautilización de recursos humanos». Martín ha concluido que «los bancos se convierten en demasiado grandes para caer, para estar bien gestionados y para estar bien supervisados».
El Partido Nacional Vasco suscribe lo señalado por la Autoridad Catalana de la Competencia que argumentó que los compromisos adquiridos son de comportamiento, no estructurales y que tienen carácter temporal. «Esta fusión puede elevar los riesgos de exclusión financiera para personas de avanzada edad», ha añadido la diputada Idoia Sagastizabal.
