QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pasado jueves la Comisión Europea publicó el cuarto informe anual sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros de la Unión Europea, una suerte de test que mide cuatro parámetros para determinar su calidad, destacando sus fortalezas y señalando sus debilidades. La CE evalúa los sistemas judiciales, los marcos de lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación, así como cuestiones relacionadas con los contrapoderes institucionales. Si bien es cierto que se han valorado positivamente algunos elementos, España tiene muchos deberes por delante, especialmente en lo relativo a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En diciembre de 2023, de no subsanarse la situación, el CGPJ cumplirá cinco años con mandato caducado. Esta es la principal preocupación plasmada en el informe de la CE. Al igual que en ocasiones anteriores, Europa incide en la necesidad de renovar el CGPJ a la mayor celeridad posible, precisando también que se ha de modificar el procedimiento de elección de los vocales para que sean los propios jueces y magistrados los que los elijan. La receta es la misma que sugirió Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE, durante su visita a España en septiembre de 2022: renovar el CGPJ, que es lo prioritario y urgente, y modificar el sistema de elección.
Europa incide en la necesidad de renovar el CGPJ a la mayor celeridad posible, precisando también que se ha de modificar el procedimiento de elección de los vocales para que sean los propios jueces y magistrados los que elijan
En lo relativo a la independencia judicial, la nota es baja. Según el informe, únicamente el 38% de los ciudadanos y el 41% de las empresas perciben que el nivel de independencia de los órganos judiciales es bastante bueno o muy bueno, una tendencia que no ha variado desde 2021.
En este sentido, esgrimen que las cuatro asociaciones judiciales han solicitado a las diferentes formaciones políticas que se abstengan de comentarios que pudieran menoscabar la credibilidad e independencia judiciales. Asimismo, estas asociaciones han manifestado en varias ocasiones su preocupación por declaraciones realizadas por algunos diputados, senadores e incluso por miembros del Gobierno sobre la Judicatura.
Con respecto a la autonomía de la Fiscalía, la CE recomienda robustecer el estatuto del fiscal general del Estado con el objetivo de desvincularlo del mandato del Gobierno. De igual forma, el documento comunitario pone el foco en la inexistencia de normas específicas sobre obligaciones deontológicas de jueces y magistrados que vuelven a la Judicatura después de haber ocupado cargos públicos, bien en el Ejecutivo o bien en Legislativo, manifestando cierto recelo.
Pero también se han identificado algunos aspectos positivos, como las medidas adoptadas para facilitar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, el Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque cabe recordar que ha quedado paralizada por la disolución de las Cortes. Lo mismo ha ocurrido con el Proyecto de ley de Eficiencia Organizativa y el de Eficiencia Procesal, aunque en este último caso, el Gobierno ha aprovechado un Real Decreto-ley para rescatar algunas cuestiones como la regulación del recurso de casación y la conciliación de los profesionales.
Deberes para atajar la corrupción
La percepción de la corrupción ha mejorado en los últimos años, aunque las cifras aún son elevadas en comparación con la media europea. Los expertos y los empresarios consideran que la corrupción en el sector público es baja. El informe, no obstante, recoge los datos del Eurobarómetro especial sobre corrupción del 2022, según el cual el 89% de los encuestados afirmaban que estaba extendida, cuando la media de la UE se sitúa en el 68%; y el 48% decía que afectaba a su vida diaria, mientras en la UE, la cifra es del 24%. Entre las empresas, el 86% opina que la corrupción está muy extendida (la media de la UE es del 63%) y el 59% de ellos cree que la corrupción supone un problema para la actividad empresarial. (la media de la UE es del 34%).
Una de las principales preocupaciones de la Comisión en este ámbito es la duración de los procedimientos de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción, con especial atención a los de alto nivel. En consecuencia, recomiendan adoptar medidas para corregir estas deficiencias.
Asimismo, urgen a regular la actividad de los grupos de presión creando un registro público y obligatorio.
En cuanto a los aspectos positivos, cita la voluntad del Gobierno por desarrollar un Plan Nacional de lucha contra la corrupción y celebra que se esté aplicando de forma satisfactoria la Estrategia contra el Crimen Organizado 2019-2023. Subraya también el refuerzo de los recursos asignados en los Presupuestos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, advirtiendo que deben seguir aumentando; el Proyecto de ley sobre incompatibilidades que estaba trabajando el Gobierno; y la política sobre los fraudes y las actividades de control sobre el gasto.
El informe sugería una ley de protección a informantes de delitos, articulado que fue aprobado el pasado 20 de febrero en las Cortes (Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción), por lo que esta asignatura ya no queda pendiente.
Los problemas de la prensa
Se lamenta que los periodistas continúan desarrollando su actividad con innumerables dificultades pese a la aplicación del Convenio firmado en diciembre del 2020 entre el Ministerio de Interior, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión. En concreto, el informe refleja la inquietud de Europa en relación con las llamadas “demandas estratégicas contra la participación pública”, ya que algunos delitos afectan a los principios de libertad de expresión y es posible que se esté haciendo un uso indebido del delito de revelación de secretos contra quienes denuncian casos de corrupción.
También incide en que, a pesar de las nuevas disposiciones legales sobre transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, persisten obstáculos a la hora de determinar la titularidad de cada empresa aunque los datos son públicos.
Además, se reclama una distribución más equitativa de la publicidad institucional; y siembra dudas sobre la autonomía de la CNMC, pese a que se aprobó la ley de Comunicación Audiovisual que atribuye nuevas competencias a la autoridad reguladora del sector. Y es que, la CE fija el foco en la independencia del organismo.
La Comisión recomienda que se mejore el acceso a la información, especialmente mediante la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales.
Las costuras del estado de alarma
La CE ha reprochado a España que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunas disposiciones que imponían limitaciones a la libre circulación durante la etapa más dura de la pandemia de Covid-19. El Alto Tribunal determinó que debían haberse desarrollado en el marco de un estado de excepción, no de alarma– Además, el TC argumentó que las razones aducidas por el Congreso para prorrogarlo durante seis meses no estaban debidamente justificadas y que la delegación en los gobiernos autonómicos de la competencia para aplicar las medidas de emergencia era, igualmente, inconstitucional, dado que estos no están sujetos al control parlamentario.
También como aspecto negativo, menta la investigación abierta por el Defensor del Pueblo y por órganos judiciales sobre el uso de Pegasus y otro tipo de programas de espionaje o vigilancia similares.
Los puntos positivos que valora la CE son la designación de los miembros de diversos órganos constitucionales que se habían retrasado; las iniciativas emprendidas por el Gobierno para aumentar la participación ciudadana en la elaboración de políticas; el refuerzo de la cooperación entre la Administración Pública y la sociedad civil; y la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, aunque decayó en la comisión de Interior por falta de acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu.
