QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
“Esta mañana hemos resuelto, también, problemas de importante trascendencia (…) Se ha hecho un acto de justicia democrática, un acto de memoria democrática y de reconocimiento de que no se olvidan los servicios, en este sentido, recibidos de otros países, al reconocer y garantizar el derecho de asilo».
Es 6 de julio de 1978 y las Cortes están volcadas plenamente en la discusión y la elaboración del proyecto constitucional. Esa tarde, el Congreso ha vivido un intenso debate en el que se ha decidido abolir la pena de muerte. Miquel Roca Junyet (Minoría Catalana) en una de sus intervenciones opta por hacer balance de la intensa actividad legislativa que llevan esa mañana.
Es en ese contexto, en ese Diario de Sesiones y en esa intervención; es ahí donde por primera vez una publicación oficial de la Cortes recogería el término memoria democrática. Entonces con una significación muy distinta de la que estas dos palabras tienen en la actualidad, en la que han dado nombre a una ley.
Habría que esperar a 2001, concretamente hasta marzo, cuando la diputada Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, registró una proposición no de ley sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, pidiendo su esclarecimiento, para volver a encontrar una referencia a la memoria democrática en el Congreso o en el Senado.
Esa PNL acabó caducando, pero durante aquella legislatura apareció el término en otras ocasiones. Siempre en boca de la diputada Lasagabaster y en relación a estos mismos acontecimientos.
Con la llegada de la VIII legislatura empezó a ser un poco más frecuente toparse con las alusiones a la memoria democrática. Tras la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero de impulsar una ley de Memoria Histórica, pero la memoria democrática todavía contaba con una significación muy lejana a la que se le da hoy en día.
El proyecto de Zapatero acabó siendo aprobado de manera definitiva el 10 de diciembre de 2007, sentando un precedente en el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
“El señor PRESIDENTE: Señorías, con el resultado de la votación queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. (Fuertes y prolongados aplausos.)”. Un momento que quedó así recogido para la posteridad en el Diario de Sesiones del Senado.
El pasado 5 de octubre, el Senado volvió a vivir una situación similar en un pleno cargado de emociones. Cuando la ley de Memoria Democrática superó su último trámite parlamentario.
“El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de memoria democrática. (Fuertes y prolongados aplausos de sus señorías puestas en pie, dirigiéndose a la tribuna de invitados.)”.
Una ley que ha venido a actualizar y complementar, sin derogar, la de Zapatero. En ella se incluyen parte de las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas que entonces se quedaron fuera. Reclamaciones que al ser incorporadas han propiciado el apoyo de partidos como ERC, que en su momento no dieron apoyo al gobierno socialista, pero que ahora sí lo han hecho con el gobierno de coalición. En 2007 el grupo republicano se mostró muy crítico con la ley. A su paso por el Congreso, el diputado Joan Tardà llegó a decir de ella que condenaba “a una segunda muerte a las víctimas del fascismo”.
El portavoz de ERC, a pesar de no ser partidario de su contenido, no dudo en reprochar la actitud del presidente, al considerar insuficiente las medidas tomadas al respecto. “Si Rodríguez Zapatero no nos hubiera necesitado para ser investido presidente —al gozar solo de una mayoría parlamentaria relativa— hoy ni tan siquiera estaríamos hablando de ello”.
En lo que refiere a la ley de Memoria Democrática, el paso del voto negativo a la abstención ha sido la postura adoptada por el partido independentista. Una decisión que en esta ocasión se encargó de defender en última instancia el senador Josep Maria Reniu.
“Cuenten sus señorías que si esta ley es medianamente aceptable para nuestro grupo es gracias a la incansable labor del movimiento memorialista, así como a la lucha de nuestro compañero Joan Tardà, quien en 2007 ya alertó de que el texto que daban por cerrado entonces no resolvía los principales problemas”, sentenció Reniu. Y añadió que seguirán atentos “al cumplimiento del contenido de una ley a la que apoyaremos desde la abstención, un gesto que en modo alguno supone otorgar la confianza y el beneplácito a la ley, es un gesto de generosidad, de aviso y crédito limitado”.
El cambio de posición de los republicanos ha sido el más significativo del todo el arco parlamentario. El resto de partidos que se colocaron enfrente de la ley de Memoria Histórica en 2007 han vuelto a manifestar su negativa contra la ley de Memoria Democrática.
Una ley que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 19 de octubre, situando ahora las dos palabras que se usaban en las primeras legislaturas dentro de una enumeración que reconocía el acto de justicia que suponía blindar dentro de la Constitución el derecho al asilo, con rango de ley.
